07 Jan Un tercio de los trabajadores no está registrado
Por María José Castells
Uno de cada tres trabajadores argentinos no tiene aportes jubilatorios, ni obra social, ni seguro de riesgos de trabajo. La contracara son empresarios que no pagan aportes, ni contribuciones patronales. Y el resultado es un Estado que no recauda los recursos necesarios para prestar mejores servicios de salud, educación, viviendas sociales, infraestructura, entre muchas otras cosas.
No hay duda que la notable reducción del empleo no registrado ha sido uno de los mayores logros de la última década. Entre 2003 y el segundo trimestre de 2013 la informalidad pasó del 49,2% al 34,5% de todos los asalariados del país. La caída de casi 15 puntos porcentuales representa un quiebre en la trayectoria ascendente inaugurada con el modelo de acumulación neoliberal instaurado por la última dictadura militar en 1976. Sin embargo, y pese a presentar niveles más bajos que los exhibidos por el resto de las economías de la región, la cantidad de empleo precario sigue siendo preocupante y se mantiene en niveles muy por encima de los registros observados entre 1977 y 1994.
La estrategia para profundizar la senda de formalización requiere ser redefinida y pensada integralmente, tanto desde políticas macroeconómicas como desde acciones directas del Ministerio de Trabajo y de los distintos organismos locales con poder de policía para combatir el empleo “en negro”. Todo esto en el marco de un escenario bastante distinto al que, hasta ahora, permitió la reducción de la informalidad. La creación de puestos de trabajo se ha estancado y la crisis internacional no parece ceder. Un dato no menor es la heterogeneidad sectorial existente en lo que hace al trabajo precario y la “estabilidad” de los sectores que lideran el empleo informal, como el servicio doméstico y el trabajo rural.
En ese sentido, los equipos del Ministerio de Trabajo encabezados por Carlos Tomada y secundados por el politólogo y especialista en el tema, Sebastián Etchemendy, comenzaron a trabajar hace más de un año en un “plan integral para atacar el núcleo duro del empleo no registrado”. Si bien la iniciativa no tiene metas preestablecidas, la expectativa es avanzar en la reducción de 5 puntos porcentuales de la informalidad en el mediano plazo. Los principales lineamientos del Plan Integral de Combate al Trabajo No Registrado, que requieren como complemento insoslayable mantener cierto crecimiento económico y reactivar la creación de puestos de trabajo, son cinco:
1) Registro de empresas: El registro –una suerte de Veraz– busca disuadir y sancionar a aquellas empresas que no cumplen con la ley, al tiempo que se les prohibirá acceder a ningún tipo de política pública hasta tanto regularicen su situación. Los datos evidencian que para las empresas que no cumplen con las leyes laborales las sanciones tardan en llegar y son fácilmente evadibles. Aun cuando el Ministerio les aplica una multa, en la mayoría de los casos los empresarios no la pagan. Casi 2,7 millones de empleos precarios se dan en empresas que son formales.
2) Régimen simplificado para las pequeñas empresas y los microempresarios: La iniciativa busca simplificar el trámite de registro de empleados con el pago de un único impuesto que incluya todas las cargas sociales. Se trataría de un régimen tarifado especial para esos microempleadores de hasta cinco asalariados y con bajo nivel de facturación que reduzca el “costo laboral” y simplifiquen la registración durante un tiempo. Entre los monotributistas que son empleadores, la no registración alcanza al 77 por ciento de sus asalariados y en el universo de autónomos llega al 38 por ciento. Representan un universo de empleadores/trabajadores que es muy difícil de identificar y fiscalizar.
3) Fiscalización: Mayores competencias y nuevos instrumentos legales para el Estado a través de un decreto que potencie su capacidad de fiscalización en todo el país. La recuperación de las capacidades que habían sido delegadas a las provincias cuando el Estado abandonó esos controles permitió mejorar y aumentar la cantidad y calidad de las inspecciones.
4) Unidad Especial de Investigación del Fraude Laboral: Se creará un equipo especial que investigará el fraude laboral en todo el país, formado por expertos de distintas disciplinas. El objetivo es complementar los controles en sectores complejos de fiscalizar con las herramientas tradicionales. En particular se apunta hacia las subcontrataciones fraudulentas.
5) Sectores críticos: Los sectores más críticos por la amplitud del trabajo no registrado, como son el servicio doméstico, la actividad rural y el sector textil, tendrán un tratamiento aparte. Además de fuertes campañas de difusión de los nuevos derechos para peones rurales y empleo doméstico, se profundizarán medidas como la simplificación registral y se mejorarán los mecanismos de inspección.
TIEMPO ARGENTINO