06 Jul Hipertrofia o deformidad del Estado: ampliar su capacidad de gestión
Reducir el Estado se volvió un mantra reformista: se lo acusa de “gigantismo” y de asfixiar la economía. Sin embargo, los datos comparados muestran que el verdadero problema es la deformidad estructural: funciones críticas sin recursos y áreas superpobladas pero intrascendentes.
La idea de un Leviatán latinoamericano se repite con insistencia. Se habla de elefantiasis burocrática y de un aparato que devora el erario público. El diagnóstico dominante propone recortes masivos —retiros voluntarios, congelamiento de vacantes, mutilación del gasto— como vía rápida hacia la eficiencia. Pero las cifras desmienten la caricatura: la proporción de empleo y gasto estatal, medida contra PBI y población económicamente activa, no supera la de países de desarrollo similar. El dilema no es de volumen, sino de diseño.
Décadas de inestabilidad política dejaron su huella. Cada gobierno imprimió un sello contradictorio sobre leyes, estructuras y prioridades. El resultado es un mosaico de normas inconexas, oficinas sin misión clara y circuitos administrativos pensados para tiempos ya extinguidos. Esa deformidad histórica explica la escena actual: personal abundante pero desmotivado, trámites anacrónicos, tecnología obsoleta y, paradójicamente, vacantes estratégicas imposibles de cubrir por falta de perfiles o de salarios competitivos.
El síndrome “sobra-falta” es palpable. Sectores vitales —salud pública, fiscalización, sistemas de información— trabajan con planteles mínimos y presupuestos erosionados, mientras dependencias irrelevantes conservan dotaciones sobredimensionadas. Entre 70 % y 90 % de muchos presupuestos ministeriales se destina hoy a sueldos, dejando migajas para insumos, mantenimiento o inversión. Con menos herramientas y más demandas sociales, la gestión se resiente y la narrativa del Estado ineficaz se auto-cumple.
La salida no pasa por achicar sin plan, sino por reconfigurar capacidades. Primer paso: alinear la “función de objetivos” (qué debe lograrse) con la “función de producción” (con qué recursos y procesos). Implica mapear tareas, identificar duplicidades, reasignar personal, profesionalizar cuadros técnicos y modernizar marcos normativos. Segundo paso: invertir en infraestructura física y digital que devuelva al funcionario herramientas para producir resultados medibles. Tercer paso: instaurar incentivos y un sistema de evaluación que premie la innovación y penalice la inercia.
El reto es doble: desmitificar la hipertrofia y exponer la verdadera urgencia —una arquitectura estatal coherente, flexible y orientada a la ciudadanía. Solo así se recuperará la capacidad de gestión y se evitará que el Estado siga siendo visto como problema cuando, bien calibrado, puede y debe ser parte de la solución.
Carlos Felice