06 Jan Maldito machismo
Por Raquel Roberti
Hoy morirá una mujer a manos de un hombre. En los siete días que esta edición de Veintitrés permanezca en los quioscos, cinco varones matarán a otras tantas mujeres. Cuatro de los seis homicidas serán actuales o ex parejas, novios o esposos de las asesinadas. Ocho hijos quedarán sin madre, cinco menores de edad. Las razones se resumirán, después de muchas oratorias acusatorias y defensivas, en pocas palabras: murieron por ser mujeres. Eso es, trasladado a lo cotidiano, lo que indican las estadísticas: 237 mujeres asesinadas por un hombre entre enero y octubre de 2011; de mantenerse la proporción, el año cerrará con un 17 por ciento más que 2010. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia de género es la principal causa de muerte en mujeres de entre 15 y 44 años. Una pandemia fuera de control ya que, a diferencia de las enfermedades, no responde a los mecanismos preventivos. Quizá porque más que una enfermedad, es una patología sociocultural y, por eso mismo, mucho más difícil de tratar.
El domingo 27 pasado, apenas dos días después del Día Internacional de la lucha contra la violencia de género, Bárbara Santos (30 años), su hija Micaela (11), su madre y una amiga fueron asesinadas en La Plata. El principal sospechoso es Osvaldo Martínez, novio de Bárbara. En ese momento, Susana Chirott, experta de la OEA en violencia de género, consideró que “evidentemente, es un femicidio, esté o no como figura del Código Penal”.
Hacia la incorporación de ese término a la norma legal se encaminan la mayoría de los doce proyectos de ley –ocho en Diputados y cuatro en Senadores, de casi todos los signos políticos– que esperan tratamiento en el Congreso y que modifican el artículo 80 del Código Penal para establecer penas específicas. Mientras por homicidio simple la condena es de ocho a 25 años, las propuestas van de 12 a 35 años hasta la reclusión perpetua. Pero a esta altura del siglo XXI es una verdad de Perogrullo que incrementar el castigo no evita la comisión del delito.
“Si no logramos modificar los estereotipos de que el hombre no puede contenerse ante una señorita de minifalda, a riesgo de poner en duda su virilidad; si no logramos que los jueces vean la ridiculez de ese argumento, no podremos avanzar. Con este tipo de cosas estamos peleando”, consideró Gabriela Pastorino, letrada a cargo de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, creada en 2009 a raíz de la ley 26.845.
La ley, promulgada ese mismo año y conocida como de Protección Integral de la Mujer, especifica los tipos de violencia (económica, psicológica, física) a los que puede ser sometida una mujer y establece las medidas a tomar por el Estado para prevenir esas situaciones y garantizar la integridad de la víctima. Entre ellas la creación de organismos como la Oficina de la Mujer que, según Pastorino, debe “detectar las situaciones de discriminación, responsable de la violencia y de una ciudadanía no justa, porque más allá de las leyes hay cuestiones más antiguas de una sociedad patriarcal que, en los hechos, continúa manteniendo distancias y discriminación entre hombres y mujeres”. En ese camino, el organismo –que depende de la jueza Carmen Argibay– diseñó un plan de capacitación y sensibilización en género que ya cuenta con 300 capacitadores en el país y realizó 435 talleres de los que participaron ocho mil agentes del sistema judicial.
Además, la Oficina generó una “guía sobre trata de personas” al entender que “debíamos generar un pensamiento conjunto sobre cómo luchar contra ese delito”, que también implica una cuestión de género.
“La explotación sexual en la trata de personas tiene como víctimas a mujeres, en todos los casos –reflexionó Marcelo Colombo, coordinador de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE)–. El sistema prostibulario es, en ese sentido, una práctica social de violencia hacia las mujeres, ya que necesitan de una mujer ‘incondicionalmente’ dispuesta a satisfacer deseos masculinos, de manera reiterada e indiferenciada. Es un reflejo de la sumisión que el sistema patriarcal impone en relación a las prácticas sociales y sexuales, al mismo tiempo que un instrumento para mantener esa sumisión.”
Para Susana Pérez Gallart, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se ha avanzado “mucho enla norma legal, pero en la realidad las cosas son mucho más lentas y la cultura machista todavía impera en la sociedad. Uno de los grandes problemas es que hay acciones sueltas, la Corte hace un muy buen trabajo, las ONG, y tenemos una muy buena ley de protección integral, pero no tiene presupuesto y eso la convierte en letra muerta. No hay un organismo a nivel nacional que concentre los datos de violencia de género, indispensable para conocer la realidad de esta tragedia”.
Las estadísticas casi oficiales en el tema son elaboradas por el Observatorio Marisel Zambrano y la ONG La Casa del Encuentro, en base al análisis de la información publicada por más de 120 diarios en el país (ver recuadro). Y se suman los datos suministrados por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema: en septiembre de este año atendieron 708 consultas, contra 522 del mismo mes de 2009; el 85 por ciento de los denunciados son varones y el 73 por ciento de los denunciantes abarca a mujeres y niñas. En el 91 por ciento de los casos se trató de violencia psicológica, en el 67 de violencia física y el 36 por ciento de las consultas fue evaluado como de “riesgo alto”.
Según la ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer, el desarrollo de políticas públicas debe tender a “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres”. El organismo encargado del diseño de esas políticas y difundir las estadísticas de su propio Observatorio de la Violencia, es el Consejo Nacional de la Mujer. Veintitrés intentó, infructuosamente, comunicarse con Mariana Gras, responsable de la Subsecretaria Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Tampoco hay datos en la web del organismo, que presenta un extenso marco teórico.
La ley también establece que el Estado debe coordinar acciones con los diversos ministerios. Así, por ejemplo, el Ministerio de Salud firmó un convenio con el Consejo Nacional de la Mujer para “fortalecer los sistemas públicos de salud sobre los tipos de violencia y cómo prevenir, además de asistir”, explicó Paula Ferro, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Y agregó que las acciones van desde “garantizar los métodos anticonceptivos, mantener una línea 0800 para informar sobre derechos sexuales y reproductivos, elaborar materiales de difusión, información y sensibilización a grupos de mujeres y población en general”.
Pero no hay duda del papel central que juega el Ministerio de Educación en esa tarea titánica de cambiar el modelo cultural. “Los programas que elaboramos llegan a todo el país, a jardines de infantes, nivel inicial y secundario, y tratan sobre perspectiva de género, diversidad, el cuidado de uno mismo, la concepción de trato, los vínculos, los factores sociológicos y culturales”, detalló Mara Brawer, subsecretaria de Equidad y Calidad del ministerio. Las acciones, en este caso, se enmarcan en la ley de educación sexual que abarca, por ejemplo, la toma de decisiones en la adolescencia, resistir a las presiones, la violencia en los vínculos, la igualdad de trato entre los sexos. Entre los materiales elaborados por la cartera se destaca el cuadernillo Educación Sexual Integral, para charlar en familia, del que se imprimieron seis millones de ejemplares. “Apelamos a la deconstrucción de patrones estéticos que, entre otros, transmiten las empresas publicitarias y de marketing a través de los medios de comunicación. Se ponen en cuestión todos los estereotipos de determinadas conductas, porque eso también es violencia –afirmó Brawer–. Los contenidos son transversales y los momentos donde ocurren episodios públicos son grandes oportunidades para la enseñanza.”
Derribar los estereotipos publicitarios también es una tarea hercúlea. Según la investigación de la Universidad Nacional de Quilmes sobre avisos televisivos, realizada entre abril y junio de este año, el 95,4 por ciento de las mujeres que protagonizan los spots son jóvenes o aparentan serlo, ocultando o negando la participación social de las mujeres maduras y presentando a la juventud como mercancía sin importar el ciclo vital del que se trate ni el producto publicitado.
De los spots que ubican a la mujer en el hogar, el 91,7 por ciento corresponde a artículos de limpieza y a comestibles, el 67,5, una asociación directa al rol maternal y familiar que debería desempeñar una mujer. Además, se la relaciona con aspectos emocionales, como el amor, la imaginación, la felicidad y sus contrarios: en el 100 por ciento de los avisos telefónicos y de electrodomésticos aparecen estos rasgos, mientras que el 96,8 de este recurso se emplea en limpieza.
En el otro extremo de los estereotipos, todas las promociones de automóviles –dirigidas indudablemente a los hombres–exponen a las mujeres como objetos sexuales.
Después de mirar cientos de horas de programación de los cinco canales de aire en la pantalla chica, los investigadores concluyeron que la inequidad entre sexos continúa vigente. El 77,3 por ciento de los avisos con voz en off, apelan a un hombre, es decir, que las voces masculinas siguen siendo las del “saber”, las que indican qué conviene hacer, comprar o leer.
Por último y contundente, el dato de que en el 86 por ciento de los casos se registra una subordinación de género a favor de los varones.
“El problema es cultural, pasa por el modelo patriarcal y la escasa visibilidad de la problemática de género. El avance del conocimiento de lo que es la perspectiva de género se registra con dificultades, trabas y demoras. Por ejemplo, hace apenas unos meses, un integrante de la Corte Suprema de Tucumán culpabilizó a las mujeres por la lentitud de la Justicia provincial”, opinó Carlos Miranda, director del Departamento de Prevención de Violencia de Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Para el profesional, “violencia es considerar que la mujer es un objeto al servicio del hombre, una propiedad para usar, al punto de poder disponer de su vida. Es ese sentido de pertenencia, dentro de la perspectiva machista: la mujer como si fuera un plato o un celular”.
Los integrantes del Departamento se oponen al uso del término “pasional” –que también se trata de erradicar del vocabulario policial, asociado a la palabra “crimen”–, porque consideran que es una forma de minimizar los hechos, “como si un episodio pasara por una cuestión sólo emocional. Los hechos se relacionan siempre a los supuestos establecidos y los roles ‘esperados’ y diseñados para el hombre y la mujer”.
De eso se trata, en definitiva, la violencia de género, porque ninguna muerte de mujer por ser mujer sería posible sin un sistema cultural que adopte y acepte esa desigualdad. Ahí está, como ejemplo de que la idea de pollera corta justifica todo, la letra de “Contra la pared”, canción que da título al último disco de Viejas Locas: “(…) las nenas pasan de pollera / y yo las imagino… / contra la pared, contra la pared. / Trato de pensar que no debo imaginar / esas cosas que no pueden suceder / pero no puedo evitar que esas ideas / vengan a mi mente una y otra vez”. Más allá de la ley y de la incorporación, o no, del femicidio como figura penal, no hay duda de la necesidad de cambiar el imaginario social de lo que constituyen femenino y masculino.
REVISTA VEINTITRES