29 Jun Carlos Felice en Diario Perfil: ¿Debe, Puede y Quiere el Estado?: Replanteando su Rol en la Sociedad
Repensar su rol es clave para construir sociedades más justas en tiempos de crisis y desigualdad.
El planteo de si el Estado debe, puede y quiere seguir desempeñando el mismo papel, remite a tres cuestiones fundamentales alrededor de las cuales parece centrarse hoy en día el debate acerca de la reforma, modernización o transformación del Estado. En primer término, los límites deseables de la intervención del Estado, la legitimidad de sus actuales funciones, la de su tamaño. Es decir, en qué medida el Estado debe seguir cumpliendo ese papel. En segundo lugar, las posibilidades de gobernabilidad de la sociedad frente a los desafíos de la crisis estructural que afrontan los países latinoamericanos, lo cual se manifiesta en la precariedad, entre otras cosas, de los recursos del sector público frente al crecimiento de las expectativas y al crecimiento de las tensiones sociales. O sea, en qué medida el Estado puede cumplir ese papel. Y la tercera pregunta tiene qua ver con esa visión de la inacción de la burocracia establecida; con las huellas del autoritarismo, la demagogia, y el faccionalismo que continúan en cierta forma impregnando la cultura administrativa y resultan incongruentes con valores de eficacia, eficiencia, y desempeño responsable por parte del Estado. ¿Hasta qué punto el Estado quiere cumplir el mismo rol? En torno a esos tres ejes me parece que giran hoy los cuestionamientos sobre las funciones del Estado. La transformación, la modernización de su aparato institucional se enfrentan hoy en onces con el desafío de compatibilizar la administración de la crisis, la administración de la democratización y la administración de la “desestatización”. Este es un proceso en marcha y hay que tener respuestas frente a este proceso. Veamos en ese orden estos temas.
¿Debe el Estado continuar ejerciendo las mismas funciones?
La preocupación por la reducción del Estado, por el “State shrinking”, a través de la disminución de su tamaño y de sus formas de intervención social ha ganado un enorme predicamento en casi todo el mundo y esto es a todas luces indiscutible.
Existe un difundido malestar por la enorme dimensión de las burocracias públicas que no se limita a regímenes o a ideólogos neo-conservadores. Aún gobiernos que se armen como socialistas están ensayando soluciones que le asignan un rol de creciente importancia al sector privado. Los temas que se refieren a la legitimidad del dominio funcional del sector estatal, a la eficiencia relativa de las esferas pública y privada, la gestión de la agenda de la sociedad se han convertido en una cuestión vigente que todavía debe resolverse en muchos lugares y que da lugar a toda suerte de conflictos y enfrentamientos sociales. La redefinición del papel empresarial del Estado, el tema de la desregulación de la economía, la reducción del aparato burocrático, la disminución del gasto público, la privatización de servicios han pasado a ser, lemas de un nuevo movimiento político y económico que demanda una drástica limitación de la intervención estatal.
El debate no ha estado exento de connotaciones ideológicas que han ubicado a los partidarios del intervencionismo por una parte y de la subsidiariedad del Estado en bandos opuestos. Desde una óptica liberal extrema, el Estado intervencionista parecería coartar la iniciativa social y asignar los recursos de una manera sub-optima, fundando su actividad en criterios que solamente apuntan a la hipertrofia de su aparato institucional. Según esta posición, la excesiva presencia del Estado distorsiona o impide el pleno funcionamiento de la, llamémosla así, benévola mano invisible del mercado, que aparece en esa posición como el más eficaz regulador de las transacciones sociales.
Más allá de las posturas ideológicas, no cabe ninguna duda de que buena parte de los mecanismos reguladores e intervencionistas del Estado han sido promovidos por los propios sectores que siempre fueron sus principales beneficiarios y hoy reclaman y propician retóricamente la reducción del Estado. El Estado contratista, el Estado comprador, el Estado subsidiador, también el Estado empresario y el Estado empleador han sido asimismo algunas de las distintas máscaras de este multifrente que hoy suscita la polémica.
Por otra parte, no hay que olvidar que fueron numerosas las causas que determinaron la expansión del sector empresario público, entre las cuales no fueron menores las que se asociaron a acciones de rescate por parte del Estado de empresas privadas en dificultades. Esto se sigue viendo todavía en forma permanente.
No se trata aquí de tomar una posición frente al debate pues el expresarse frente a este dilema entre intervencionismo y subsidiaridad, visto como un eje problemático para la definición dentro del Estado, sería una opción falsa. De lo que aquí se trata es simplemente de plantea la existencia de la polémica corno un factor condicionante de una estrategia de modernización estatal.
En resumen, el debate sobre el papel del Estado se articula en torno a tres preguntas fundamentales: ¿Debe el Estado seguir interviniendo en la vida social y económica? ¿Puede hacerlo de manera efectiva frente a las crecientes demandas y limitaciones? ¿Y quiere, realmente, asumir esa responsabilidad con eficiencia y transparencia? Estas interrogantes no son meras abstracciones teóricas, sino el núcleo de una discusión que define el presente y el futuro de nuestras sociedades.
La transformación del Estado no es simplemente una cuestión de reducir su tamaño o limitar sus funciones. Implica un replanteamiento profundo sobre su legitimidad, su capacidad de respuesta y su voluntad política para adaptarse a los desafíos actuales. En un contexto marcado por la crisis estructural y el desgaste de las instituciones, la modernización del aparato estatal debe ir más allá de ajustes técnicos. Requiere una revalorización de los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad que sustenten su gestión.
Al final, el verdadero desafío no es solo decidir si el Estado debe, puede o quiere intervenir, sino cómo puede hacerlo de manera que sus acciones contribuyan efectivamente al bienestar social, respetando los principios democráticos y garantizando una distribución justa de los recursos. En este sentido, el futuro del Estado dependerá de su capacidad para redescubrir su papel como garante de derechos y como promotor de oportunidades para todos los ciudadanos.
Carlos Felice