03 Feb Abogados del poder: los estudios que mueven los hilos en las causas sensibles
Por Iván Ruiz y Maia Jastreblansky
No tienen despacho en Comodoro Py, pero mueven los hilos en las causas de corrupción más sensibles. Catedráticos, profesionales de carrera, lobbistas, mediáticos, de “elite” y hasta algunos vinculados a los servicios de inteligencia, los abogados de los políticos siempre especulan con una estrategia para evitar una prisión preventiva o con una jugada para dilatar una causa.
Los abogados del poder se repiten en los expedientes de los tribunales federales, de acuerdo con la información difundida por el Observatorio de la Corrupción del Centro de Información Judicial (CIJ). Según pudo reconstruir LA NACION, muchos coordinan tácticas para grupos de funcionarios en una misma causa, aunque designan a otros abogados como pantalla para evadir las normas, que prohíben este tipo de prácticas.
Tras la ruptura con el espía Jaime Stiuso, el kirchnerismo reemplazó a los abogados vinculados con la ex SIDE por letrados con trayectoria, como León Arslanian y Carlos Beraldi, que ahora representa a Cristina Kirchner, con el padrinazgo del ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni.
Los funcionarios macristas, en cambio, se defienden con los bufets más tradicionales por recomendación del propio Gobierno, que desarrolla un atento seguimiento de las causas con la coordinación del secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas.
Estudios tradicionales
El oficialismo confía en los estudios jurídicos más tradicionales. Mauricio Macri, por ejemplo, mantiene sus abogados desde hace décadas. Por un lado, continuó con el histórico vínculo de su padre Franco con el ya fallecido Santiago Feder. Justamente, la causa por los Panamá Papers -el primer gran escándalo judicial de su gestión- está a cargo de Ricardo Rosental, que pertenece al estudio de Feder. En la misma causa, el abogado asesora a Mariano y Gianfranco, los hermanos del Presidente. Más vinculado a la defensa de empresarios que de políticos, Rosental despierta respeto en Comodoro Py.
Macri también se apoya en un vínculo que supo construir durante dos décadas con Alejandro Pérez Chada, su abogado en Boca. El letrado trabajó la causa más sensible: las escuchas ilegales. Sumó un poroto cuando -tras el procesamiento- finalmente la investigación se cerró. También llevó el caso sobre la Unidad de Control del Espacio Público cuando Macri era jefe de gobierno porteño. Sus colegas le reconocen a Pérez Chada buen diálogo con jueces y fiscales. Desde que llegó a la Casa Rosada, el Presidente habla con él una vez por semana, confiaron fuentes oficiales a LA NACION.
Pérez Chada es clave dentro del esquema judicial del Gobierno. Pero es Clusellas, también abogado y hombre de estrecha confianza del Presidente, quien oficia de coordinador cuando los problemas de los ministros llegan a Comodoro Py. El funcionario suele sugerir al defensor indicado, participa en las reuniones clave de los casos importantes y pide ser notificado de las novedades en las causas, informaron fuentes que compartieron esos encuentros.
Juan José Gómez Centurión también acudió a Pérez Chada que, junto al abogado Hugo Wortman Jofré, defendieron al primer funcionario macrista acusado por corrupción y lograron un sobreseimiento en tiempo récord. Como abogado de Boca, Pérez Chada también asesora a Daniel Angelici, el presidente del club de la Ribera.
Gabriela Michetti eligió a Ricardo Gil Lavedra para defenderse en la causa por el origen del dinero robado en su casa. De reconocida militancia en la UCR, el ex ministro de Justicia tiene respeto ganado en Comodoro Py. “Gil Lavedra es al radicalismo lo que Arslanian al peronismo”, remató una fuente que frecuenta a ambos.
Los vínculos de Gil Lavedra superan a la política. Allá por 2007, defendió al entonces CEO de Shell, Juan José Aranguren, en su férrea disputa judicial con Guillermo Moreno. Todavía mantienen una amistad, aunque ahora la defensa de Aranguren está a cargo de Pérez Chada y Gil Lavedra permanece como abogado de Shell.
También en la causa de Michetti se investiga a otros funcionarios vinculados a fundaciones ligadas a Pro. Por ejemplo, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón delegó su defensa en el estudio Cúneo Libarona, uno de los más mediáticos.
El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, confía en Alejandro Carrió, de reconocida trayectoria académica y quien lo defendió en la causa contra el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por las cuentas de Amalia Fortabat en el caso HSBC. El letrado también fue elegido por Daniel Awada, el cuñado del Presidente, en el caso que investiga su donación de $ 2.5 millones a la campaña de Cambiemos.
Garantistas por ex SIDE
Ex funcionarios con prestigio, catedráticos y, algunos, simpatizantes del garantismo. El mundillo kirchnerista hoy está en manos de esta escuela. Ya lejos de la función pública, Arslanian defiende al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y a Débora Giorgi. Fue uno de los jueces que condenó a las Juntas Militares en 1985. Años después, en 1989, como ministro de justicia bonaerense emprendió una novedosa reforma judicial y policial.
Beraldi transitó el mismo derrotero que Arslanian: compartieron estudio y lo acompañó como su mano derecha en la función pública hasta que bifurcaron caminos. Es el abogado penalista de Cristina Kirchner y del resto de la familia, aunque primero defendió a los socios Fabián de Souza y Cristóbal López.
El estudio Virgolini-Maloneay también pasea seguido por los Tribunales, ya que representan al ex ministro Julio De Vido en múltiples causas. Ambos tienen reconocidos antecedentes tanto en el ámbito académico como en el judicial. Formados en la criminología crítica, entienden que el derecho penal es un ejercicio del poder del Estado, un concepto que el ex ministro de Planificación repite en distintas causas a las que considera “políticas”. Otro de los abogados de consulta frecuente en el kirchnerismo es Alejandro Rúa: asesora a Héctor Timerman, Guillermo Moreno y a Carlos Kirchner.
La alianza del kirchnerismo con estos abogados no es de siempre. Durante casi toda su gestión, el ex gobierno le confió el frente judicial al estudio Richarte-Pirota. Diego Richarte, ex número dos de la ex SIDE, supo conservar aceitados vínculos con el organismo de inteligencia, en particular con el sector comandado por Stiuso. Amigo del viejo operador judicial Javier Fernández, verlo golpear las ventanillas de Comodoro Py era una rareza. Diego Pirota era quien ponía el cuerpo y se llevaba las miradas curiosas de los empleados judiciales cuando paseaba sus escritos con sus casi dos metros de altura.
Richarte-Pirota defendieron a Amado Boudou en la causa Ciccone. También al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y al ex secretario de Energía Daniel Cameron. Pero con la muerte de Nisman todo cambió. Cristina descabezó a la ex SIDE y se enfrentó con Stiuso. Dos meses después, los históricos abogados renunciaron a la defensa del plantel kirchnerista.
LA NACION