22 Jul Gremios piden a Macri activar reparto de $ 30.000 millones a obras sociales
Por Elizabeth Peger
Un par de semanas atrás, tres importantes miembros del gabinete de Mauricio Macri se reunieron con un puñado de dirigentes de las tres vertientes de la CGT para transmitirles una respuesta concreta a un histórico reclamo gremial: el reparto este mismo año a las obras sociales sindicales de los casi $ 30.000 millones acumulados en el denominado Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Los funcionarios hasta expusieron un detallado esquema de distribución de esos recursos, además de otras medidas para aliviar los costos de obras sociales y prepagas, y anticiparon que solo restaba la decisión política del Presidente para poner en marcha el compromiso en el corto plazo.
Ahora los gremios presionan para que el plan de reparto de los recursos del FSR se active antes de fin de mes con la distribución entre sus prestadoras de un primer desembolso, que involucra unos $ 2.750 millones correspondientes al pago de expedientes adeudados de la desaparecida Administración de Programas Especiales (APE). “Tienen que dar un gesto, y pronto”, advirtió uno de los sindicalistas que participó del encuentro de hace 15 días con los ministros de Salud, Jorge Lemus; de Trabajo, Jorge Triaca, y el coordinador de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana. La frase del dirigente sintetizó una opinión compartida en el mundo sindical: el Gobierno decidió apurar un acuerdo por el pago de los fondos adeudados a las obras sociales en un intento por descomprimir el malestar gremial y evitar que la nueva CGT de unidad debute el 22 de agosto con una declaración de guerra hacia su administración.
En algunos sectores cegetistas sostienen que la señal oficial deberá efectivizarse antes del 5 de agosto (inicialmente iba a ser el 4), cuando está prevista la realización del plenario de unidad en el que se definirán, a través de un pronunciamiento público, los lineamientos centrales de la posición política que asumirá la central reunificada. Allí pesa la presión de los gremios alineados con Hugo Moyano, a quien se suma el bancario Sergio Palazzo, por avanzar hacia un escenario de confrontación abierta con el Gobierno y hasta promueven la convocatoria a un paro nacional apenas sellada la unidad.
Las corrientes más moderadas en el vínculo con el Ejecutivo, donde se anotan en primer lugar el barrionuevismo y en menor medida los grupos de “independientes” y “gordos” de la CGT oficial de Antonio Caló, aceptan que será difícil mantener un espíritu dialoguista con la Casa Rosada si no se concretan las promesas. Admiten, en esa línea, como un hecho positivo que Macri haya enviado al Congreso el proyecto de ley que impulsa la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnología, que fijará límites en tratamientos médicos y aplicación de nuevas tecnologías, con el objetivo de aliviar los costos de las obras sociales por demandas judiciales. Pero advierten que es insuficiente para mantener el status quo en la relación con el Gobierno.
Por eso insisten con apurar el reparto de los $ 2.750 millones y a la par aceitar los tiempos para la distribución del resto de la deuda. El esquema consensuado entre ministros y gremialistas contempla, además del desembolso inicial, la entrega a las obras sociales de alrededor de $ 14.000 millones del FSR en bonos que no podrán ser vendidos por los gremios por un plazo de entre 3 y 4 años, en tanto que otros $ 4.000 millones pasarán a integrar un fideicomiso destinado a financiar los tratamientos por discapacidad, alta complejidad y otras prestaciones especiales. A su vez, el remanente del FSR, unos $ 8000 millones serán cedidos por los gremios como una compensación de obras sociales al Estado por la atención de sus afiliados en hospitales públicos, e irán a financiar un nuevo programa de cobertura universal de la salud, confiaron fuentes sindicales a este diario.
La mesa chica que integran referentes de las tres CGT volverá a reunirse mañana, en la sede del gremio de Camioneros, para analizar los ejes del pronunciamiento que difundirán el 5 de agosto. Esperan tener entonces una señal firme de que el reparto de fondos no será otra promesa incumplida, como ocurrió con los cambios sobre el impuesto a las Ganancias.
EL CRONISTA