27 Sep Las reservas naturales al servicio del hombre
Por Laura Rocha
¿Qué relación tiene la vida cotidiana con las áreas naturales protegidas? Aunque muchas personas crean que poca, no es así. Sólo para empezar se puede decir que en la Argentina el 41% de la energía hidroeléctrica se origina en tres parques nacionales: Lanín, Nahuel Huapi y Los Alerces. Esto representa el 17% de la energía eléctrica del país.
Las áreas protegidas también son enormes bancos genéticos de alimentos: los recursos genéticos son imprescindibles para asegurar la producción de alimentos frente a las modificaciones que los ambientes sufren a causa de las alteraciones climáticas.
Estos lugares también sirven de protección de comunidades originarias y ni qué hablar de los servicios que proveen a la hora de evaluar la importancia para el turismo. Sin embargo, el presupuesto que se destina a proteger estos territorios es ínfimo.
Un área protegida es una porción de territorio o mar manejada con normas que garantizan la protección de sus recursos naturales y culturales. La categoría más conocida es la de parque nacional, pero existen otras como reservas naturales estrictas, parques provinciales, reservas privadas, monumentos naturales, reservas educativas y/o urbanas, reservas municipales, entre otras.
“Las áreas protegidas están tomando importancia a nivel internacional. El objetivo es mostrar que lejos de ser un gasto representan una inversión para los gobiernos”, explica María José Pacha, de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA).
Pacha se refiere al último acuerdo alcanzado en la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica, celebrada en octubre en Nagoya, en donde líderes mundiales aprobaron medidas claves para proteger la biodiversidad. Entre esos puntos establecieron aumentar para 2020 a 17% el territorio que debe ser protegido por los estados firmantes.
Actualmente en la Argentina, sólo el 7,7% (214.969 kilómetros cuadrados) de la superficie continental se encuentra protegida. A la vez, sólo un 20% de estas áreas se encuentra con un nivel aceptable de manejo, mientras que el 57% cuenta con nulo nivel de implementación, según la información proporcionada por FVSA. Por otro lado, la superficie de mar y costas con algún grado de protección representa el 0,85% (7927 kilómetros cuadrados). Se estima que de las 45 áreas marino-costeras protegidas, el 80% no cuenta con recursos para cumplir sus objetivos básicos. “Por último, el nivel de protección no es parejo en todas las ecorregiones del país. Por ejemplo, los bosques andino patagónicos cuentan con un 35% de la superficie protegida, mientras que el pastizal pampeano apenas tiene un 1,02% protegido, el Chaco húmedo un 3,2% y el Mar Argentino un 0,85”, indicaron en la ONG.
BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES
La generación de ingresos no compensa la degradación del capital natural. Por ejemplo, según el Indec, en 2009 se generaron 330.000 millones de pesos gracias al agro, la explotación forestal, la pesca y el turismo. Estos, claramente, son bienes y servicios ambientales prestados por la naturaleza. En 2010 el presupuesto para la Administración de Parques Nacionales (APN) fue de unos 212 millones de pesos.
“Esa valoración de estos beneficios directos no están contemplados. En las provincias no existe y en el caso de APN es una asignatura pendiente destacando que el Estado nacional hace un esfuerzo impresionante para el mantenimiento del sistema. Por eso surge la pregunta de quién debería aportar para que esa recaudación aumente y cómo incorporar el manejo de los parques y reservas según a quién uno imagine que le cobrará. Tenemos que tener responsabilidad de funcionarios y ser precavidos en los montos que se establecen ya que se podrían resignar cuestiones sociales importantísimas. Tal vez se podrían incorporar a las empresas que tienen concesiones dentro de los parques incorporar cánones por los servicios ambientales que se deben proteger, como por ejemplo a las concesiones hidroeléctricas. Es un tema complejo, pero pendiente”, detalló Raúl Chiesa vocal de la APN.
“En la Argentina estamos bien atrás. No hay ningún esquema de pago por servicios ambientales que esté implementado. Un claro ejemplo es la instrumentación de ley de presupuestos mínimos de protección de bosques: no encontramos ni un solo peso de aplicación concreta que haya llegado a manos de un particular”, dijo Carina Quispe, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Respecto de la denominada ley de bosques, se establece que se pagará (sea el Estado o un particular) a quien conserve áreas con vegetación al tiempo que determina que cada provincia debe hacer un ordenamiento territorial para evitar el avance descontrolado del desmonte. Sin embargo, aunque la norma establece que se destinará al fondo de protección el 0,3% del presupuesto nacional” y el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración, entre otros. Esto significa que deberían asignarse más de 1200 millones de pesos. La administración nacional dispuso que se destinaran $300 millones.
En otros países, como Perú, ya existen los esquemas de compensación. Sólo como para tener una idea, se determinó que el aporte de las áreas protegidas a la economía de ese país alcanzaba los 10.000 millones de dólares. En 2009 ese guarismo llevó a que la administración peruana aumentara el 200% el presupuesto destinado a las áreas protegidas.
LA NACION