23 Apr La presidenta presentó el nuevo proyecto de ley para promover el empleo registrado y prevenir el fraude laboral
Con el nuevo proyecto presentado por la presidenta se estima que, durante el primer año se lograrán regularizar cerca de 300 mil trabajadores no registrados, y, en dos años, se espera formalizar a 650 mil.
Con el objetivo de facilitar la registración de sus trabajadores, la ley beneficiará alrededor de 290 mil microempleadores, que representan el 50% del total de los empleadores formales. A su vez, las acciones incluidas en la ley prevén para el primer año 4150 millones de pesos en beneficios a los empleadores, siendo las microempresas las destinatarias del 65% de esos beneficios.
La primera cuestión para defender el problema más importante que puede tener un trabajador, que es no tener trabajo, lo hemos abordado desde el año 2003 creando más de 6 millones de puestos de trabajo, que nos han llevado precisamente a lograr, en el último trimestre, del año pasado, el índice de desocupación más bajo, que fue 6,4 por ciento. El segundo problema, luego, es la precarización. ¿Por qué? Porque el que no está registrado, el que figura en negro no tiene obra social, no tiene derechos. Y además los salarios, obviamente, son muy inferiores a los de los trabajadores registrados. O sea no es un sujeto de derechos laborales”, afirmó la jefa de Estado.
Por su parte, el ministro Carlos Tomada sostuvo que “vamos a dar la gran pelea contra el fraude laboral. Un fraude que implica que un trabajador sin registrar sea un trabajador sin derechos.”
POLÍTICAS IMPLEMENTADAS A PARTIR DE 2003
Desde el 25 de Mayo de 2003, con Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina inició un proceso de recuperación de derechos tras la devastación generada por el neoliberalismo, donde el 50% de los trabajadores tenían cercenados sus derechos a un salario justo, a una jubilación y a una obra social.
El proyecto político puesto en marcha en 2003, con un enfoque socio productivo cuyo eje es la promoción del trabajo registrado, instaló un círculo virtuoso que permitió la creación de empleo “con derechos”, mientras se reducía la desocupación, el trabajo no registrado y la informalidad. Las políticas activas desarrollas por el gobierno nacional, en consonancia con este enfoque, acompañaron con el despliegue de acciones concretas que contribuyeron a la reducción del trabajo no registrado. Es en este marco, en septiembre de 2003 se creó el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) con el objetivo de reconquistar la presencia y facultad inspectiva del Ministerio de Trabajo. Fue presentado por el presidente Kirchner en el salón Blanco de la Casa de Gobierno.
Desde el lanzamiento del PNRT, fábricas, industrias, comercios, obras en construcción, establecimientos rurales, fueron inspeccionados para corroborar si los empleadores tenían registrados a sus trabajadores. A través de operativos de fiscalización se puso al trabajo registrado en el centro de las políticas públicas. El Ministerio de Trabajo pasó de tener 40 inspectores en 2003 a incorporar a más de 400. Las Delegaciones Regionales de esta cartera, que llegan a más de 40 en todo el país, fueron dotadas de equipamiento informático, instrumental y de vehículos que puedan ingresar a lugares que antes le eran inaccesibles y arribar así a lo largo y a lo ancho del país.
Si bien los empleadores tienen la obligación de declarar y registrar a los trabajadores, es el Estado, mediante este Plan, quien puso en práctica su rol de contralor de la normativa laboral y de la seguridad social, verificando su cumplimiento; logrando así la registración plena de los trabajadores en consonancia con lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina trabajo decente: trabajo productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.
Una fuerte campaña de concientización y la coordinación de acciones con la AFIP y los gobiernos provinciales, generaron un progresivo cambio en el comportamiento social.
Además, el gobierno nacional con la Ley 25.877 de 2004 restauró la inspección nacional del trabajo. El Ministerio de Trabajo, la AFIP, y las autoridades provinciales se aliaron para recuperar la fiscalización del trabajo diezmada por el neoliberalismo.
A su vez, se elaboraron leyes para sectores críticos con alta incidencia de trabajo no registrado como el Régimen de Trabajo Agrario (Ley N° 26.727), el Régimen Especial de Contrato para el Personal de Casas Particulares (Ley N° 26.844) y la sanción penal a la utilización del trabajo infantil.
PRINCIPALES ACCIONES QUE CONTEMPLA EL PROYECTO DE LEY
El nuevo proyecto implica fortalecer las facultades nacionales de fiscalización laboral para llegar mejor a regiones y sectores donde el trabajo no registrado convive muchas veces con actividades que tienen altos niveles de rentabilidad.
Además, se crea el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) que incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales o que incurran en trata de personas para el trabajo forzado.
Las empresas que tengan infracciones, además de las sanciones que correspondan, se las incluirá en el Registro y se le aplicará por ello restricciones que irán, desde la anulación de subsidios estatales hasta la pérdida de beneficios impositivos.
Para fomentar la contratación de los trabajadores formales, se amplían dos instrumentos actualmente existentes: la Ley 26.476 que prevé beneficios para la contratación de nuevos trabajadores incluirá mayores incentivos a las pequeñas empresas. También de los Convenios de Corresponsabilidad Gremial, un instrumento que parten del acuerdo entre cámaras empresarias y sindicatos para facilitar la registración en actividades agrarias o forestales de gran estacionalidad.
RÉGIMEN ESPECIAL V PERMANENTE DE CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA MICROEMPRESAS
Las empresas que tienen hasta cinco trabajadores, y que no son sociedades anónimas y tienen un cierto nivel de facturación anual, tendrán una reducción en las contribuciones patronales y un límite en las cuotas que pueden cobrar las ART en este sector.
El objetivo central de esta política es reducir, en la medida de lo posible, los costos laborales no salariales para aquellas empresas de baja productividad, sin afectar ningún derecho laboral de los trabajadores.
“Las acciones, incluidas en la Ley, prevén – para el primer año – 4150 millones de pesos, en beneficios de los empleadores, de los cuales el 65 por ciento va a ser para todas las microempresas”, aseguró la Presidenta.
“Este impulso final que requiere de la participación de todos. De los
empresarios cumpliendo con la ley. Y sus normativas. De los dirigentes sindicales exigiendo y velando por su cumplimiento. De cada trabajador defendiendo sus derechos presentes y futuros. Y, por supuesto, del Estado Nacional, Provinciales y Municipales ejerciendo un estricto control”, concluyó el titular de la cartera laboral.
TIEMPO ARGENTINO