03 Sep Obras sociales: estudian darles más fondos
Por Ignacio Chausis
La Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Liliana Korenfeld, implementará una serie de modificaciones en los subsidios que redistribuye entre las obras sociales con el objetivo de vincular más estrechamente esa fuente de ingresos con las necesidades de financiamiento de las organizaciones. Los cambios se aplicarán sobre el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), creado por decreto en septiembre del año pasado para compensar a las obras sociales con menor nivel de ingreso por afiliado. De acuerdo con datos oficiales, redistribuye mensualmente en forma automática cerca de 200 millones de pesos, más de 2000 millones desde su puesta en funcionamiento, un año atrás.
El SUMA se financia a partir del 5% de lo recaudado mensualmente en conceptos de aportes y contribuciones de empresarios y sindicatos, y la pauta de distribución se compone de un componente fijo equivalente al 20% que va a parar a todas las obras sociales que cuentan con más de 5000 afiliados, mientras que el restante 80% variable se reparte en forma proporcional a la cantidad de afiliados.
Ahora bien, dentro de este esquema, el rediseño de la Superintendencia busca hacer “sintonía fina” sobre las particularidades que presenta la nómina de afiliados de cada entidad y, para ello, uno de los criterios que se tendrá en cuenta a la hora de estimar el nivel de fondos será la edad, que en términos generales requiere un mayor costo en materia de atención de la salud. “Todavía no lo tenemos cerrado, pero uno de los criterios sería que las que cuentan con afiliados de mayor edad tengan mayores recursos; la línea que se viene trabajando es la de tener en cuenta la particularidad de cada obra social”, indicó a este diario una alta fuente del organismo.
En la Superintendencia no descartan incluso aumentar las partidas totales del SUMA, pero aclaran que tal medida dependerá de cómo quede diseñado el nuevo esquema. “Puede que se amplíe, pero la cuestión central hoy pasa por un rediseño”, precisó la fuente. La medida viene siendo conversada con la CGT que conduce el metalúrgico Antonio Caló, particularmente con el dirigente de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, conocedor del tema por su pasado en la Superintendencia.
La información fue confirmada a Tiempo Argentino por Korenfeld, quien se excusó de precisar mayores detalles, aunque reconoció que las modificaciones en los subsidios se darán a conocer “muy pronto”.
Más allá del carácter técnico, se trata de una medida de fuerte impacto político, en tanto el financiamiento de las obras sociales forma parte de la habitual agenda de reclamos de la dirigencia sindical. Parte de esos reclamos tienen que ver con el atraso en el reintegro por tratamientos de alta complejidad, situación que desde la Superintendencia aseguran haber dejado con la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de reintegros que remplazó a la Administración Programas Especiales, plagado de irregularidades.
“El APE residual se está cobrando y también todo lo nuevo que ingresa. En diez días hábiles, estamos recibiendo y pagando expendientes que antes demoraban 300 días promedio”, señaló la fuente. No obstante, uno de las principales diferencias entre la Superintendencia y los gremios nucleados en la CGT pasa por las prestaciones médicas destinadas a monotributistas y personal del servicio doméstico. En la CGT buscan una actualización del componente del monotributo que va a parar a las obras sociales, que hoy se ubica en torno de los $ 90, y en $ 60 para el personal del servicio doméstico. Según confiaron distintos dirigentes, el tema formará parte de las deliberaciones durante la reunión de consejo directivo que la central obrera llevará a cabo mañana, donde además se hará una evaluación formal del alcance de los anuncios de la presidenta Cristina Fernández con respecto a la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y la ampliación en las asignaciones familiares.
TIEMPO ARGENTINO