29 Aug La Justicia de EE.UU. reconoce al bitcoin como dinero y ya está cerca de generar una revolución
Por Martín Burbridge
¿Alguien se imagina qué pasaría con la Reserva Federal o con el Banco Central Europeo si existiera un mundo en el que nadie estuviera interesado en poseer dólares o euros?
Algo de esto se conoce en nuestro país, donde cada tanto el Gobierno emite demasiado dinero para sostener el gasto público y los argentinos dejan de estar dispuestos a atesorar los pesos depreciados.
Al final, cuando ya no se puede financiar más el déficit fiscal, sobreviene la clásica crisis financiera y, como en el juego de las sillas musicales, la economía vuelve a arrancar en un nivel más bajo y con varios participantes fuera de la contienda (léase con más personas por debajo de la línea de pobreza).
Si bien todavía en el mundo desarrollado no se llegó nunca al extremo autodestructivo de la economía argentina, el reciente fallo judicial de que el bitcoin, la moneda virtual surgida en 2009, es dinero de verdad y no un mero instrumento de un juego, podría llevar a una verdadera revolución monetaria en el mundo, en caso de que su uso se volviera masivo.
El fallo fue emitido por un juez federal de Texas, EE.UU., en una demanda de la Securities and Exchange Commission (SEC, el organismo que regula los mercados financieros) contra un particular, acusado de haber creado un sistema de estafa piramidal a base de bitcoins. Contra la opinión del acusado, de que la demanda era improcedente porque el bitcoin no es dinero, la Justicia dictaminó que sí lo era, lo que abre un mundo de posibilidades para esta moneda online que cada día tiene más usuarios.
Queda claro que el bitcoin puede ser utilizado como dinero. Se lo puede usar para comprar bienes o servicios y para pagar los gastos corrientes de una persona. La única limitante del bitcoin es que se circunscribe a aquellos lugares donde es aceptado como moneda. A pesar de ello, también puede ser cambiado por divisas convencionales, como dólares, euros, yenes y yuanes.
Por lo tanto, el bitcoin es una moneda o forma de dinero, y los inversores que deseen invertir en bitcoins están realizando una inversión monetaria, es parte del fallo del juez Amos Maazant.
LLegar a 21 millones en 2040
Para los gobiernos de los países desarrollados, el bitcoin se está convirtiendo en un desafío difícil de medir. Nacido hace tan sólo cuatro años atrás, la fabricación no depende de nadie en particular (como sí sucede con el dinero material de un país, que es emitido de forma monopólica por su banco central), sino que se hace de manera descentralizada entre todos los participantes del sistema. En cambio, la ampliación de su base monetaria es controlada por un complejo algoritmo matemático que regula cuánto se va emitiendo y que tiene previsto llegar a los 21 millones de bitcoins en 2040.
De esta manera, se evitaría la emisión excesiva y la consecuente inflación, algo que pasó con el sistema de clubes de trueque en la Argentina.
Incluso, el proceso de creación de los bitcoins relaciona mucho más a la moneda virtual con los metales preciosos porque su volumen es limitado y no se puede ampliar como sí sucede con el dinero tradicional. Para John Matonis, director ejecutivo de la Fundación Bitcoin (ONG que promueve su uso), su reglamentación es interesante, porque pone de relieve el hecho de que el bitcoin está siendo tomado como un dinero mercancía de la misma manera que el oro y la plata son reconocidos como dinero. Esto hizo que el Premio Nobel Paul Krugman (quien rechaza la utilidad de la moneda virtual) afirmara que el bitcoin reintroduce el patrón oro, el sistema monetario que existió en el mundo hasta la Primera Guerra Mundial y que, mientras duró, impidió la emisión monetaria indiscriminada y el aumento en la tasa de inflación.
El objetivo de quienes defienden el uso del bitcoin es que sea aprobado por las normas ISO como moneda internacional que no necesita ser emitida o respaldada por ningún gobierno. Como no está bajo el control de ningún gobierno y prescinde de los intermediarios financieros tradicionales (bancos, mercados, etc.), su aparición genera bastante inquietud a nivel de las autoridades, quienes ya le han puesto el ojo como la SEC (de hecho, cuando se le cerraron todas las cuentas bancarias a Wikileaks, la organización de Julian Assange logró sobrevivir con donaciones de particulares en bitcoins).
El Estado de California envió hace dos meses atrás una carta a la Fundación Bitcoin exigiéndole que dejara de realizar cualquier actividad de transmisión monetaria bajo riesgo de ser multada.
El problema es que la creación de bitcoins es anárquica y no depende de un organismo como la Fundación, lo que da la pauta de lo poco que se entiende el funcionamiento del mercado de bitcoins a nivel público.
También se acusa al sistema de fomentar el narcotráfico y el comercio ilegal, porque las transacciones se realizan entre usuarios no declarados en la web. Pero la realidad indica que casi todo el mercado negro hoy se hace en dólares, euros y otras monedas. Y, desde el punto de vista fiscal, preocupa el impacto de los bitcoins sobre la recaudación, a tal punto que la AFIP canadiense ya avisó que las operaciones en bitcoins eran imponibles.
El problema surgiría si el uso del bitcoin se volviera masivo y la moneda pasara a cumplir con las tres funciones del dinero: medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor.
En ese futuro que hoy parece demasiado lejano, los particulares podrían dejar de utilizar otras monedas tradicionales en beneficio de los bitcoins. Este escenario complicaría mucho las políticas monetarias de los gobiernos, ya que existiría una alternativa legal más competitiva en caso de que la moneda nacional perdiera parte de su valor.
Pero los riesgos de hackeo en internet (ya hubo un caso en el que se robaron u$s 250.000 de una cuenta virtual de bitcoins) y la posibilidad de que las regulaciones públicas se endurezcan lo suficiente como para hacer la vida imposible al mercado de bitcoins son aspectos que podrían terminar con este sistema financiero paralelo. Parafraseando al célebre afiche: No emita dinero, el Gobierno odia la competencia.
EL CRONISTA