09 Apr Las claves de la reforma que propone el gobierno
Por Gabriel A. Morini
El gobierno presentó ayer un paquete de proyectos de ley enmarcados en su intención de democratizar el Poder Judicial con seis puntos centrales. Como adelantó Tiempo Argentino, las medidas avanzarán sobre los poderes de superintendencia que la Corte Suprema tiene hoy delegados en las cámaras de Apelaciones, en la elección de jueces subrogantes y de secretarios, pero también tendrá impacto en el manejo de los recursos de la justicia, que están contenidos en el principal proyecto, que es el que democratiza la elección de miembros en el Consejo de la Magistratura. Hoy serán girados al Congreso y se definirá cuáles ingresarán vía Senado y cuáles vía Diputados. Las reformas incluyen:
Consejo de la Magistratura: se ampliará de 13 a 19 sus integrantes. Se incorporarán cinco miembros académicos y científicos “interdisciplinarios” que podrán provenir de otras profesiones no ligadas al Derecho. La elección de los representantes de los jueces y de los abogados también será por voto popular. Se respetarán los mandatos de los actuales consejeros que vencen en diciembre de 2014. Los nuevos postulantes serán elegidos por la ciudadanía en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebrarán el próximo 11 de agosto. Deberán estar identificados con alguno de los partidos políticos que se presentarán a elecciones y se aspirará a que los nuevos miembros se sumen en diciembre próximo.
Desde el gobierno esperan que haya un debate constitucional en torno a la interpretación del artículo 114 y el 38 de la Carta Magna. En el primero, se postula que los propios estamentos elijan a los representantes de jueces y abogados, mientras que el 38 afirma que el acceso a la función pública –tal es el rol de un órgano extrapoder como el Consejo– debe hacerse a través de los partidos políticos. Es la principal apuesta del gobierno para dotar de mayor participación popular al órgano que debe seleccionar y remover jueces. En ese marco, las votaciones pasarán a ser por mayoría absoluta de los miembros (mitad más uno de los miembros) en lugar de los actuales dos tercios.
Casación: se crearán tres cámaras adicionales que se sumarán a la tercera instancia que hoy existe en el fuero penal. Serán la Contenciosa Administrativa Federal; Nacional y Federal del Trabajo y la Seguridad Social; y Federal y Nacional en lo Civil y Comercial. Funcionarán como tercera instancia en fueros donde hasta hoy no existían y colaborarán a descomprimir la cantidad de causas que llegan a la Corte Suprema. En rigor, también permitirán regular la cantidad de causas que escalan al Máximo Tribunal y unificará jurisprudencia a nivel nacional.
Cautelares: el gobierno propuso que se limiten a seis meses todas las medidas cautelares como tope máximo para la resolución de la cuestión de fondo. Esto obligará a que se agilicen las causas a su resolución final y evitar la “justicia cautelar”, a la que hizo referencia la presidenta. Será obligatorio que se le corra vista al Estado como parte del litigio, algo que hasta hoy no sucedía. Adicionalmente, ante la apelación del Ejecutivo, la medida será concedida con efecto “suspensivo”, por lo que hará caer automáticamente la acción de amparo. No podrá ejercerse contra las personas, la salud o la seguridad alimentaria. Esto constituye para el gobierno el primer capítulo de un futuro Código Contencioso Administrativo, para evitar que se equipare al Estado con el derecho privado a través de la utilización del procedimiento que rige el Código Civil y Comercial. Existen mecanismos similares en todas las provincias, pero no uno que se aplique en el Estado federal.
Concursos: este proyecto crea los “concursos previos” por materia y por nivel para la ocupación inmediata de las vacantes que se produzcan en el Poder Judicial. Los postulantes ya no podrán elegir su juzgado de destino y la meritocracia guiará el proceso en base a cualidades técnicas. Los jurados estarán integrados por docentes de universidades públicas concursados y no podrán ser miembros o empleados del Consejo. Será obligatoria la presentación de ternas por cada cargo a cubrir, y no podrán participar quienes se hayan desempeñado durante la dictadura militar. Para evitar favoritismos, el ingreso de empleados también será por examen, y si los postulantes exceden los cargos a cubrir, se realizará concurso público por sorteo de Lotería Nacional. Los jueces ya no podrán elegir a gente vinculada a su entorno para los cargos dentro de los juzgados.
Publicidad de los actos del Poder Judicial: como adelantó este diario, el Consejo deberá crear un portal informático en el que se carguen registros de todas las causas que se tramiten en la justicia, con su ingreso, responsables y todas las incidencias del trámite. Incluye resoluciones de cámara y acordadas de cortes provinciales.
Declaraciones Juradas: el proyecto es que las declaraciones de bienes presentadas ante la AFIP de los funcionarios de los tres poderes del Estado –incluyendo a jueces, funcionarios del Poder Judicial, y quienes aspiren a ingresar en él– sean públicas y accesibles vía Internet.
TIEMPO ARGENTINO