La ciudad de los semáforos invisibles

La movilidad sostenible es una política estratégica que el gobierno de la ciudad impulsa desde hace años. Apunta a otorgarles a los habitantes de las ciudades una mejor calidad de vida y se aborda teniendo en cuenta los tres aspectos importantes: el energético, el ambiental y el social. Miles de bicicletas disponibles las 24 horas y una amplia red de ciclovías y bicisendas hacen que los viajes en bicicleta contribuyan a ello.

El Manual del Ciclista de la Secretaría de Transporte expresa que moverse en bici en la ciudad requiere de compromiso por parte de todos e insta a respetar las normas de convivencia. No en vano concientizar sobre las buenas prácticas de los ciclistas es una de las propuestas más solicitadas por los vecinos en Plan de Futuro, un programa de inteligencia colectiva del gobierno porteño.

Pero nada de esto sucede en la ciudad de los semáforos invisibles. Un relevamiento realizado por la asociación civil Luchemos por la Vida en las calles de la Capital Federal el pasado septiembre y que comprendió a 1684 ciclistas muestra que la mayoría de los ciclistas no respeta las normas de tránsito, tanto en lo relativo a la circulación como a los requisitos para poder transitar. La transformación (de la ciudad) no para… y los ciclistas tampoco: el informe destaca que el 84% no se detiene ante los semáforos en rojo. También, que el 95% no respeta la prioridad del peatón, el 67% carece de luces, un 71% no usa casco, un 11% circula a contramano y un 23%, usando el celular o con los auriculares puestos. Y esto, sin considerar a quienes circulan por las veredas –solo los menores de 12 años pueden hacerlo–.

Aunque se ha naturalizado el vale todo, la nueva normalidad pospandémica no debe ser el incumplimiento de la ley. Y no se trata solo de cumplir las normas, sino también de cuidarse. Los ciclistas son, junto a los peatones, los más expuestos a sufrir heridas graves en caso de accidente. Según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, más de dos mil accidentes involucraron a ciclistas durante 2020. Según el informe estadístico sobre víctimas a causa de siniestros viales del Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial de la ciudad de Buenos Aires, ese año hubo 6 ciclistas muertos.

Los ciclistas siempre se quejan, y con razón, de que los conductores de otros vehículos no los respetan, pero ellos deben saber que tienen los mismos derechos y obligaciones. El Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –ley 2148/06–, integrado al Sistema Nacional de Seguridad Vial, especifica que las normas de tránsito de carácter general son de plena aplicación a la circulación de ciclorrodados y a sus conductores (6.10.1). Las bicicletas son también vehículos dentro del tránsito, y por lo tanto, aun en ciclovías y bicisendas, deben cumplir todas las normas de circulación.

Las maxiinfracciones de la minimovilidad no son sancionadas. Los ciclistas no son sujetos de control para los agentes de tránsito. Esto refuerza la creencia de que las normas no son para ellos. Quizás crean que hasta que no provoquen un accidente no hay configuración del delito, como no la hay en un brindis sin contagios. Poco faltará para que esgriman derechos adquiridos; más temprano que tarde habrá que ponerse firme en estas cuestiones. Los ciclistas infractores deben ser sancionados. Independientemente de las acciones de concientización y educación para lograr un cambio cultural para la convivencia en las calles, hay que multar: los argentinos somos hijos del rigor. Avanzar entonces en alguna forma de identificación de los rodados (¿patentamiento?), sin que esto sea un acto meramente recaudatorio, es necesario.

Al respecto, debieran estudiarse modelos como el “Registro Bici Bogotá”, una herramienta obligatoria y gratuita que permite asociar los datos personales de los ciudadanos con los de su bicicleta, lo que permite demostrar la propiedad del vehículo y su recuperación ante un hurto.

Párrafo aparte merecen las denominadas “plataformas de reparto o delivery”, consideradas esenciales en tiempos de pandemia. La proliferación de miles de ciclistas (unos 60 .000), claramente identificables por los portaobjetos con el logo de las empresas, pulula infringiendo todas las normas de tránsito. Esencialidad no es sinónimo de impunidad. Las empresas, además de capacitar al respecto a sus repartidores, debieran ser sancionadas por las infracciones que estos cometan. Y buscar una alternativa para que no estén con la app abierta mientras pedalean para no perder un viaje. Y que esto no se confunda con una simplista sanción a los trabajadores.

La sociedad es una construcción colectiva y las políticas públicas son las que modifican las conductas. La transición hacia un modelo de movilidad sostenible es un largo proceso en el que confluyen múltiples actores. Hay que resetear la movilidad urbana. Su ordenamiento debe ser una política efectiva y firme. Urge intensificar las campañas de educación y concientización para desarrollar conductas seguras en la vía pública. La Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Agentes de Tránsito podrían actuar por un tiempo como una suerte de formadores de conciencia ciudadana y educadores viales. Gestar una nueva institucionalidad y apostar a una convivencia cívica más ordenada, donde todos cumplan las normas y se sancione efectivamente a quienes no, es una imperiosa necesidad. En este sentido y en repetidas oportunidades, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, dijo: “Hay un cambio cultural que debemos seguir profundizando, para trasladarlo a la ciudadanía: el respeto al espacio público, el respeto a la ley”. Ley que todos deben cumplir, incluidos los ciclistas.

Además de ordenar el espacio público y hacer cumplir la ley, el gobierno de la ciudad tiene entonces en sus manos la posibilidad de sacarnos el miedo a Hugo Beccacece, a mí y a miles de ciudadanos.