Empleo: ¿Adiós al trabajo formal?

Empleo: ¿Adiós al trabajo formal?

Por Andrés Schipani

En el debate político se ha discutido mucho sobre los activos que la Argentina ha ido perdiendo en las últimas décadas. Algunos lamentan la pérdida de un modelo de desarrollo económico, otros la erosión del sistema educativo.

Pocos se centran en un activo clave que supo tener la Argentina, y que fue un motor central de movilidad social: su mercado de trabajo inclusivo. En efecto, durante gran parte del siglo XX Argentina era uno de los pocos países de Latinoamérica donde la clase trabajadora era esencialmente una clase obrera formal representada por lo sindicatos.

Esos días han quedado atrás: el mercado de trabajo argentino se ha “lationamiericanizado”, con la mitad de los trabajadores en la economía informal. Comencemos por destacar la gravedad del problema.

Si bien la Argentina tuvo históricamente bajos niveles de informalidad, desde los años 1980s el trabajo no registrado ha aumentado sustancialmente, alcanzado niveles elevados que no se han logrado revertir.

La medición más relevante de la informalidad es el porcentaje de trabajadores ocupados informales sobre el total de ocupados. Bajo esta medición, la Argentina tiene niveles de informalidad en línea con el promedio de la región pero bastante peor en relación a las economías más desarrolladas de América Latina.

Para 2019 (esto es, antes de la pandemia), la proporción de ocupados que no aportaban al sistema previsional (trabajadores informales) era de 50,3% en 2019. En comparación, en Brasil ese número era de 37%, en Uruguay de 24,5% y en Chile de 31,9%. En resumen, Argentina tiene el doble de informalidad que Uruguay y un 58% más de informalidad que Chile. Esta elevada informalidad genera graves problemas en términos de acceso a derechos sociales así como también dificultades fiscales.

La informalidad priva a los ciudadanos de derechos laborales y sociales básicos: entre otros, el acceso a una obra social, vacaciones pagas, derecho a la indemnización, a un seguro de desempleo y a una jubilación.

Desde el punto de vista fiscal, dado que el sistema previsional argentino es un sistema de reparto (esto es, los trabajadores formales activos financian con sus aportes parte de las jubilaciones de los adultos mayores pasivos), una elevada informalidad implica que el sistema jubilatorio tendrá cada vez menos capacidad de autofinanciarse. Lo cual lo volverá aún más dependiente de la recaudación de impuestos generales para cubrir su déficit (IVA e impuesto a las ganancias).

En un contexto de alta presión impositiva, el desafío del Estado es aumentar las tasas de formalidad para mejorar la sustentabildad del sistema previsional.

En este sentido, ¿qué políticas ha llevado adelante el Estado argentino para combatir la informalidad? Paradójicamente, en la última década el crecimiento de los índices de informalidad ha sido acompañado de un descenso de la inversión estatal para combatir este problema.

En un documento de trabajo titulado “Mapa de las Políticas Sociales en la Argentina: Aportes para un sistema de protección social más justo y eficiente” (Instituto Universitario CIAS/Fundar), junto a Rodrigo Zarazaga y Lara Forlino encontramos que entre 2011 y 2019, el gasto en programas de promoción o preservación del empleo formal cayó, en términos reales, un 79,97%.

Como contrapartida, hubo un aumento real del 48,16% de la inversión pública en planes de cooperativas en la economía informal durante el mismo período. Para situar estos números en contexto: hacia 2019, por cada peso que se destinaba a la inversión en subsidios para la preservación o promoción del empleo formal, se destinaban 11 pesos a programas de cooperativas de la economía popular. Los programas de apoyo a la economía popular han sido centrales para contener a la mitad de la población trabajadora que se de desenvuelve en la informalidad.

Hoy en día nos encontramos en una etapa donde se precisa una mayor sintonía fina por parte de la política pública, que promueva la transición efectiva de los trabajadores informales y las cooperativas a la economía formal.

Un programa de este tipo debe tener dos pilares centrales: 1) reducir el flujo de jóvenes que finalizan la escuela secundaria hacia el trabajo precario/informal o el desempleo, y 2) reducir el stock de trabajadores que ya desempeñan tareas en el sector informal, facilitando la inserción de las cooperativas de la economía popular en la economía formal.

Para el primer grupo, son necesarias políticas como la capacitación laboral y la desgravación impositiva a empresas que contraten jóvenes que hayan sido beneficiarios de planes sociales.

Para el segundo grupo, se precisan además otro tipo de políticas, como créditos subsidiado para las cooperativas, sistemas de licitaciones públicas que alienten la cooperación entre cooperativas y empresas privadas, y subsidios a los prestadores de salud para que puedan incorprorar a trabajadores con problemáticas de salud más complejas. En otras palabras, no existe en la Argentina una bala de plata para reducir la informalidad.

No hay un solo camino hacia la formalización de la clase trabajadora. Por el contrario, la política pública debe tomar en cuenta la heterogeneidad propia de la economía popular, y diseñar diferentes programas que ayuden a trabajadores con necesidades y trayectorias diferentes a transitar caminos distintos hacia la formalidad. El punto de llegada, empero, debe ser el mismo: facilitar su acceso a una ciudadanía plena en la que puedan gozar de los derechos sociales básicos.

 

DIARIO CLARIN