22 Feb Abuso sexual infantil: hubo 507 denuncias en los últimos tres meses
Por Micaela Urdinez
Alcohol, droga, violencia. Una familia que vive hacinada en un asentamiento en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Dos nenas de 7 y 10 años que son violadas por su padre y uno de sus hermanos, y nadie hace nada. Ni la madre, ni el hospital de turno, ni el servicio local que ya las había visto hacía dos años con todos los indicios a flor de piel.
Ellas no son las únicas. Este es un caso de negligencia que se multiplica por miles. La suerte de estas niñas cambió cuando la organización Pequeños Pasos se involucró con su caso, pero esta es la excepción a la regla. En todos los demás predomina la indiferencia.
“El padre y el hermano consumen drogas. Llevamos a las nenas al hospital y los mismos médicos no se animan a firmar o prefieren no involucrarse. El fiscal separó a las hermanas de toda la familia y ahí el problema era que el servicio local no conseguía hogares para chicos judicializados por violencia sexual”, dice Matías Ronconi, presidente de la entidad, poniéndole rostro humano al sufrimiento extremo que tienen que soportar los niños porque el sistema no está preparado para defender sus derechos más básicos.
Los números son contundentes y muestran que esta realidad horrenda sucede todos los días. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco chicas de hasta 18 años es abusada y lo mismo pasa con uno de cada trece niños. Eso significa que, en la Argentina, estaríamos hablando de aproximadamente dos millones de chicos.
En el país, las estadísticas oficiales las lleva el Programa contra el Abuso Sexual Infantil que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y fue lanzado el año pasado. Este continuó el trabajo que venía realizando el Programa Las Víctimas contra las Violencias, coordinado por Eva Giberti, a través de la línea 0800-222-1717.Desde el 19 de noviembre hasta el 16 de enero, se atendieron 1928 llamados provenientes de todo el país; en el mismo período del año anterior fueron 118.
Entre los llamados de los últimos tres meses, se registraron 507 casos de abuso sexual en chicos de hasta 17 años. Con respecto a esta cifra, no es posible realizar una comparación con el año pasado, ya que en aquel momento la línea telefónica atendía únicamente denuncias vinculadas a explotación sexual comercial infantil, pornografía y grooming.
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De los agresores, nueve de cada diez son hombres, y los principales son los padres o padrastros. Otros estudios demuestran que en casi el 80% de los casos esto pasa en el seno familiar o círculo cercano de la víctima. Nadie está exento. Sucede en todos los estratos sociales, provincias y rincones.
“La violencia en la infancia en todas sus formas es una realidad masiva a nivel mundial de difícil detección y que generalmente se silencia, se oculta, no se denuncia y, por ende, termina siendo uno de los crímenes más impunes contra la niñez. Las barreras de acceso a la Justicia son múltiples y revisten una gravedad tal que terminan en una frecuente revictimización, violencia institucional, denegación de justicia e impunidad”, denuncia Paula Wachter, fundadora de la Red por la Infancia y fellow de Ashoka.
Puertas adentro
“No hay nada más peligroso para la vida de un chico que su propia casa, esto es un saber internacional. Por eso esta es la primera vez que se deja de hablar y se hace concretamente. La subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, puso su interés en el tema y logró interesar al Presidente”, afirma Eva Giberti, psicoanalista con más de 50 años trabajando en la temática.
Son padres, padrastros, hermanos, tíos, primos, porteros, maestros, padrinos. Son enemigos cercanos, queridos y admirados. ¿Por qué se tiende a silenciar este tema? Para María Cecilia López, psicóloga especializada en abuso sexual infantil, el problema reside en que todavía vivimos en una sociedad patriarcal donde los hijos pertenecen al padre. “Por suerte esto empezó de a poco a querer cambiar, pero todavía estamos atravesados por esta idea de que el papá es impoluto. Desde ahí parte el tabú”, asegura.
Para empezar a cambiar la mirada sobre este tema, los especialistas señalan que es fundamental modificar la semántica y dejar de hablar de abuso sexual infantil porque la palabra infantil deja afuera a los responsables del abuso, que son los adultos. En cambio, el término correcto es abuso sexual contra niños y niñas, para poner el foco en que los menores son las víctimas.
Si bien parece haber una tendencia a denunciar más estos delitos, todos los especialistas hablan de “cifras negras”, por los miles de casos que no llegan a la Justicia por vergüenza, desconocimiento o porque el sistema les cierra las puertas.
Estiman que de cada 1000 delitos que suceden, se denuncian 100 y se condena sólo uno. “Esto pasa porque son delitos de instancia privada. Si la víctima no va a una fiscalía y habilita al Estado a intervenir son acciones que quedan sólo en el interior de la casa. Si alguien atropella o roba a un chico, el Estado no le pregunta a los padres si quieren que se investigue o no porque son delitos de acción pública”, explica Watcher.
Y agrega: “La Argentina seguramente va a recibir en junio una observación formal por parte de la ONU por este tema. En su visita a la Argentina, Dubravka Simonovic, relatora especial de ese organización, dijo que este tipo de disposición envía un mensaje equivocado de que la violación y la violencia sexual son cuestiones privadas y no un tema de preocupación pública”.
En carne propia
En octubre de 2015 se convirtió en ley, por unanimidad, que los delitos de abuso sexual contra los niños no prescriben, permitiendo que se haga justicia en estos casos en los que, en general, las personas afectadas tardan muchos años en poder contar lo que les pasó y denunciarlo.
Sebastián Cuattromo fue abusado a los 12 años por el ex docente y hermano marianista Fernando Picciochi en el colegio donde estudiaba. Tras luchar durante 12 años en el terreno judicial, logró llegar al juicio oral y público que determinó la condena a 12 años de prisión de su abusador.
“Faltan políticas públicas en todos los niveles y darle jerarquía al tema. Todavía sigue siendo un asunto de segundo orden, nunca con la importancia que debería tener. Vemos con asombro las injusticias que tienen que sufrir los chicos y sus familias al interior del Poder Judicial. Y no hay que perder de vista que los miembros más vulnerables de la sociedad son los niños”, dice Cuattromo, que fundó la organización Adultxs por los Derechos de la Infancia para asistir a las víctimas.
La conclusión general es contundente: el primer paso es conseguir que se hable del tema. “Si le preguntás a la sociedad, nadie sabe que esto pasa. Pero una vez que estás adentro, no conocés a una familia que no tenga un caso”, concluye Wachter.
El perfil del agresor de menores
Según María Cecilia López, psicóloga especializada en abuso sexual infantil, en el 90% de los casos el abusador es alguien querido para el niño, del círculo cercano. “Es el hombre más simpático del círculo familiar. En general es heterosexual, simpático, de mediana edad, lindo y carismático con los niños. Es todo lo contrario de lo que uno esperaría de un abusador -dice-. Muchas veces se las culpa a las mamás, pero ellas también son víctimas de un perverso con doble personalidad: son grandes actores que las envuelven.”
Los delitos sexuales cibernéticos
La Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó en noviembre de 2012 la primera Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos del país. Desde noviembre de 2013 hasta hoy, este organismo recibió alrededor de 22.000 reportes de distribución de contendidos con pornografía infantil y posibles casos de grooming procedentes de una IP que se encuentra en el país. “A veces llegamos al lugar y detectamos casos de abusos concretos. Tenemos una alianza con el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (Ncmec) de los Estados Unidos, por la que si detectan algo vinculado con delitos sexuales cibernéticos en la Argentina nos avisan”, explica Enrique del Carril, director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que tiene una unidad de Investigaciones Tecnológicas.
LA NACION