30 Sep América Central une fuerzas para darles batalla a las maras
Por Paula Markous
El año pasado hubo 109.800 refugiados y solicitantes de asilo, más de 17.000 asesinatos y la ONU alertó sobre una crisis humanitaria. Parece el típico escenario de una zona en guerra. Pero no hay un enfrentamiento bélico en el Triángulo del Norte, sino un cóctel explosivo de pandillas y narcotraficantes que convirtieron la región formada por Honduras, Guatemala y El Salvador en una de las más violentas del mundo.
El mes pasado, estos tres países decidieron tomar cartas en el asunto y formaron una fuerza trinacional para combatir las maras, como se llama a las pandillas que aterrorizan principalmente a América Central. Se calcula que hay unos 70.000 pandilleros en los tres países y que ellos son los responsables de la mayoría de los asesinatos.
La fuerza trinacional forma parte de un plan regional que propuso el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que desde que llegó al poder, en enero de 2014, les declaró la guerra a las maras y a los narcotraficantes.
Pero la mano dura no es propiedad exclusiva de Hernández. “No hay espacio para el diálogo”, dijo en marzo pasado el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén. Descartó así facilitar una tregua entre maras rivales (Salvatrucha y Barrio 18), como su antecesor en el cargo, Mauricio Funes.
En Guatemala, el presidente Jimmy Morales optó también por una guerra frontal y sacó a la calle a 4500 militares para apoyar a los 35.000 policías que luchan contra las pandillas.
Pero la duda es si este nuevo giro del ejército en las calles, las redadas sorpresivas y penas más severas contra los delincuentes servirán para aplacar el flagelo.
El académico Miguel Cruz, experto salvadoreño en maras de la Universidad Internacional de Florida, no es para nada optimista.
“No tengo mucha esperanza de que el plan coordinado funcione si me baso en lo que pasó antes. La mano dura, cuando se aplicó a partir de 2000, produjo el efecto contrario. Por un lado, se les dio a los delincuentes una beca para que se convirtieran en pandilleros, porque en las cárceles se organizaron, se alinearon tras un líder y adiestraron a los jóvenes. Por otro lado, la represión produjo una sed de venganza contra los policías y militares que perseguían a los pandilleros, entonces la violencia aumentó”, dijo a LA NACION desde Miami.
Para el analista político hondureño Manuel Torres, el acuerdo es “a priori necesario”, pero no cree que funcione. “No se enmarca en ninguna estrategia integral que aborde el problema no sólo por sus consecuencias, sino, simultáneamente, por sus causas. Y hasta ahora, cada acuerdo nacional o conjunto ha fracasado por esa desvinculación entre sí”, explicó a LA NACION.
“La experiencia confirma que la política de «mano dura» suele dar resultados inversos a los esperados y empuja a que los Estados asuman la ilegalidad y la violación de los derechos humanos fundamentales como inevitables, con lo cual damos un paso al vacío”, añadió.
Para Torres, América Central se desliza cada vez más a una guerra no convencional, como la que el ex presidente Felipe Calderón lanzó en México contra el crimen organizado. La diferencia es que aquí los protagonistas son los pandilleros.
Las maras surgieron a mediados de los 80 en Los Ángeles y otras ciudades del oeste de Estados Unidos. Fueron fundadas por migrantes centroamericanos, la mayoría salvadoreños, que huían de la guerra civil en su país (1980-1992) y se instalaron en barrios pobres.
Algunos de esos migrantes se agruparon en la mara Salvatrucha, o MS13, otros se integraron a la Barrio 18 y comenzaron a participar de actividades delictivas. Fue demasiada violencia para Estados Unidos, que a mediados y finales de los 90 deportó a pandilleros a El Salvador. Luego la doctrina de las maras se expandió por América Central y el sur de México.
Las maras fueron mutando y todavía lo hacen. Cuando los pandilleros se instalaron en América Central, cometían asaltos de poca monta. Hoy viven sobre todo de la extorsión y también de trabajos vinculados al narcotráfico y sicariato.
Su producto estrella es el “impuesto de guerra”, una suerte de peaje que las pandillas exigen a conductores, pequeños comerciantes y ciudadanos en general en los territorios que controlan.
“Vamos a la «oficialización» de una guerra que ya existe, y los mareros ya tienen liderazgos que lo entienden así y lo resumen en una estrategia clara de respuesta: en esta guerra necesitan ganar territorios, para ello ocupan más «soldados» y para esos soldados, más armas. Y esa guerra se financia con más extorsión, secuestros y asaltos”, puntualizó Torres.
¿Puede haber otra salida al conflicto? Los dos analistas consultados por LA NACION hablan de la necesidad de una respuesta integral. “Se deber entender cómo surgió esta situación y qué políticas públicas y de participación social deben asumirse. Tarea nada fácil, pero impostergable”, resumió Torres.
LA NACION