30 May La guerra contra las drogas ha fracasado
Por Florencia Fontán Balestra
La fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci durante el comienzo del gobierno del presidente Macri dejó en evidencia la severa crisis que atraviesa el sistema de seguridad pública argentino y la necesidad urgente de cambios en las políticas del área. La ineficiencia de las instituciones de seguridad pública responsables de resolver la fuga -desde el sistema penitenciario hasta las diferentes fuerzas policiales que participaron de la persecución- mostró a los argentinos la magnitud del problema en ciernes.
Según los datos oficiales, la crisis del sistema de seguridad argentino se encuentra especialmente agravada por el crecimiento significativo, durante la última década, del narcotráfico y el crimen organizado. Consciente de la gravedad del problema, Macri asumió la presidencia con la promesa de cambiar esta realidad y, como primera medida, declaró la “Emergencia en Seguridad Pública” para todo el país a fin de “revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico”.
La coyuntura actual nos coloca frente a una oportunidad histórica de repensar nuestras políticas de seguridad pública, particularmente las relacionadas con el tráfico y consumo de drogas ilícitas. Sin lugar a dudas, los desafíos son grandes, pero debemos tener cuidado para no caer en el error de implementar las tradicionales soluciones “mágicas”, centradas exclusivamente en la criminalización y el castigo, que comprobadamente se han mostrado ineficaces y contraproducentes para lidiar con la cuestión.
En primer lugar, es importante reconocer que la Argentina no está sola en este arduo empeño. Varios países -muchos de ellos nuestros vecinos- enfrentan hace décadas niveles inaceptables de violencia y criminalidad, asociados principalmente a la llamada “guerra contra las drogas”. Efectivamente, por ser una de las principales regiones de producción y tránsito de drogas ilícitas destinadas al mercado global, América latina se encuentra actualmente en el epicentro del debate internacional sobre política de drogas.
Por varias décadas, la región fue escenario central de la política americana de “guerra contra las drogas”, lanzada por el presidente Nixon hace más de 40 años, según la premisa de que era posible alcanzar “un mundo libre de drogas”, y apoyada por el sistema internacional a través de tres convenciones de las Naciones Unidas (ONU). En la práctica, esta política se tradujo en un régimen internacional prohibicionista destinado a eliminar globalmente la producción, el suministro y el consumo de drogas ilícitas, a través de leyes nacionales que criminalizan a los usuarios y traficantes de drogas. En la actualidad, se estima que el gasto global anual en acciones de represión asociadas a la lucha contra las drogas ilícitas excede los 100.000 millones de dólares.
Sin embargo, tras décadas de implementación de este paradigma y billones de dólares invertidos, no queda otra opción que sostener que la guerra contra las drogas ha fracasado. Esta afirmación se fundamenta no sólo en el hecho de que las políticas prohibicionistas no consiguieron reducir eficazmente la oferta y el consumo de drogas ilícitas, sino también en que causaron consecuencias devastadoras en varios países de América latina.
Con respecto a la reducción del mercado y del consumo de drogas ilícitas, la guerra contra las drogas tuvo exactamente el efecto inverso al deseado: los precios de las drogas ilícitas cayeron, el consumo aumentó y el narcotráfico se transformó en un negocio billonario, capaz de corromper y desestabilizar las instituciones democráticas, inclusive de los Estados más fuertes. Los cálculos actuales estiman que existen aproximadamente 300 millones de consumidores de drogas ilícitas en todo el mundo, que contribuyen a un enorme mercado criminal del orden de los 330.000 millones de dólares al año, responsable de financiar las organizaciones criminales involucradas en el narcotráfico. Por otro lado, las principales drogas ilícitas son más baratas hoy que hace 50 años y cada vez más accesibles para los consumidores.
Paralelamente, los índices de violencia y criminalidad han alcanzado niveles epidémicos en varios países de la región, considerada la más violenta del planeta: aquí se comete un tercio de los homicidios del mundo, a pesar de contar apenas con el 8% de la población global. En Brasil, campeón mundial en números absolutos de homicidios, se estima que más de la mitad de los 60.000 homicidios anuales se encuentran relacionados con la guerra contra las drogas. Por otro lado, la respuesta punitiva también derivó en la aplicación indiscriminada de penas excesivas y en la represión desproporcionada de los usuarios y pequeños traficantes, constatándose también importantes violaciones de los derechos humanos en todo el continente. Como consecuencia de la situación descripta, las prisiones en la mayoría de los países de América latina se encuentran superpobladas y muchas veces operan por encima de su capacidad.
Por último, el contexto internacional prohibicionista ha impulsado la criminalización, la marginalización y la estigmatización de los usuarios de drogas, con impactos devastadores para la salud pública. En lugar de invertir en programas eficaces de prevención, tratamiento y reducción de daños, los gobiernos siguen gastando miles de millones de dólares cada año en detener y castigar a los consumidores de drogas y en someterlos a tratamientos compulsivos de desintoxicación que comprobadamente no funcionan.
No hay dudas de que el panorama actual impone la necesidad urgente de un cambio de paradigma. Los costos humanos, sociales y económicos que la guerra contra las drogas ha ocasionado para América latina no pueden seguir siendo ignorados. Ante este escenario, varios países de la región han iniciado procesos de reforma a nivel nacional con la meta de colocar en primer lugar la salud y la seguridad de las personas. Esto implica sustituir el enfoque punitivo actual para abordar el uso y abuso de las drogas por un enfoque de salud pública y derechos humanos.
Países como Colombia, México, Guatemala y Uruguay han comenzado a experimentar con políticas alternativas, distintas al régimen actual, que priorizan la prevención, la reducción de daños y el tratamiento de los usuarios de drogas, y centran los esfuerzos represivos exclusivamente en el narcotráfico y el crimen organizado. Estos países también han iniciado un movimiento internacional que cuestiona el paradigma prohibicionista actual y solicita que se debatan genuinamente enfoques alternativos. Sus acciones han tenido impacto, en la medida en que han conseguido instalar el debate dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas. Este esfuerzo internacional culmina con el llamado a una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas con el fin de evaluar los logros y desafíos del sistema actual de lucha contra las drogas. La sesión especial, que se realizará entre los días 19 y 21 de abril próximos, representa una oportunidad histórica para discutir las limitaciones del régimen actual e identificar políticas alternativas viables y efectivas para lidiar con la problemática.
La Argentina también se encuentra frente a una oportunidad sin precedentes de repensar su estrategia contra las drogas. Es importante que, en el proceso de construir una nueva política, tengamos la humildad de mirar hacia afuera, no sólo para aprender de los errores de nuestros vecinos, sino también para identificar las políticas que efectivamente han obtenido resultados positivos. Asimismo, es fundamental que intentemos eliminar del debate las visiones ideológicas y los prejuicios que impiden una discusión racional y postergan el abordaje inteligente de este enorme reto social. Para que exista un verdadero cambio, la Argentina precisa implementar una respuesta integral y equilibrada que de forma efectiva y humana consiga proteger mejor la salud y la seguridad de los individuos y de la sociedad en general.
LA NACION