09 Dec ‘Justicia social entre los trabajadores’: por qué el Gobierno no quiere tocar Ganancias
Por Walter Curia
El modelo llegó a su techo distributivo, no es ninguna revelación. Lo reconocen funcionarios del Gobierno y dirigentes de organizaciones sociales kirchneristas. Para muchos análisis, el límite podría situarse entre los años 2007 y 2008, previo a la crisis internacional, y ha sido marcado por la imposibilidad de seguir creando empleo genuino y de calidad.
Para esos mismos años el Gobierno intervino el INDEC y las estadísticas dejaron de ser confiables. Después de los primeros años de reactivación económica y descenso de los niveles de pobreza sobre los que casi no hubo controversia, la evaluación sobre los indicadores sociales empezó a ser motivo de polémica.
El Gobierno propagandizó en esa época el concepto de década ganada, una idea de avance y superación en las cuestiones sociales que persiste hasta hoy y que básicamente reivindica una época de transformaciones que habría producido una sensible disminución en los niveles de desigualdad.
Otros análisis sin embargo sostienen que la Argentina recuperó el terreno perdido respecto de la gran crisis de 2001/2002, pero que persisten los problemas estructurales heredados de los años 90, en los que se consolidó un alto nivel de pobreza y la desigualdad se acentuó.
El debate se agudizó en el último año. El Gobierno, amparado en cuestiones metodológicas, dejó de publicar los índices de pobreza al mismo tiempo que la inflación devaluó el poder de compra de salario, la economía se estancó, cayó el consumo de alimentos y crecieron los índices de desocupación.
Aunque desde el Gobierno se lo ignore, la marcha de la economía empezó a afectar el trabajo de calidad y a los trabajadores más protegidos. Ahí aparece un mal que los economistas califican de constitutivo de la economía argentina. La economía no puede incorporar a la gente que ingresa al mercado laboral año a año, un proceso que se agravó con la restricción de dólares, la falta de inversión y de financiamiento externo y la recesión.
El Gobierno habla así de un fenómeno de desigualdad entre pares.
“Cuando se da un avance en el proceso de inclusión, se producen diferencias dentro de la clase trabajadora. Hasta hace poco el avance era parejo, pero hoy hay una gran desigualdad. Nosotros decimos: la crema, la leche y el agua. Ese es el desafío actual del proceso económico: construir justicia social ahí, entre los trabajadores, cosa que es muy difícil y sobre la que hay poca experiencia en el mundo”, dice Emilio Pérsico, secretario de Agricultura Familiar y líder del Movimiento Evita.
Esa mirada no es exclusiva de las organizaciones sociales como la de Pérsico, cuyo objetivo desde los primeros años que siguieron a la crisis fue la inclusión. Con diferencia de un día, la presidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Axel Kicillof, dijeron, respectivamente, que “los trabajadores argentinos son los mejor pagos de la región”, y que el impuesto a las ganancias “es una contribución solidaria de los trabajadores que más ganan para las políticas de estado”. Dándole dimensión moral, Jorge Capitanich habló de una posición filosófica ante el problema.
En medio de una economía en recesión, los funcionarios insisten en que mejoró el poder de compra de los trabajadores y que no será necesaria una modificación de topes y escalas del impuesto a las ganancias para los sueldos más altos. También se han negado a pagar un bono de fin de año para apuntalar a los salarios más bajos.
No sólo las consultoras privadas cuestionan esa interpretación. También lo ha hecho el INDEC. El instituto de estadísticas relevó en septiembre una caída de más de un 8% en las ventas en supermercados, de casi un 3% en electrodomésticos y de algo más de un 1% en la cantidad de pasajeros transportados.
El economista Bernardo Kosacoff dijo hace poco que a diferencia de otros momentos adversos de la historia económica, el Gobierno deposita todos los fines de mes 13 millones de cheques que garantizan un tejido de protección social. Para la Presidenta, mantener firme ese tejido es una cuestión de justicia social y solidaridad de aquellos que tienen empleo de calidad.
El Gobierno defiende la idea de que sólo una mínima proporción de trabajadores paga ganancias, apenas el 10% de los 11 millones de trabajadores, según el propio Kicillof, que ganan más de $ 15.000 mensuales, o 12.000 de bolsillo. Según los números del Gobierno, otro 10% de los hogares argentinos reciben el 47% de sus ingresos de la Anses. “En muchos lugares del mundo eso es una revolución”, dice Pérsico.
Aun cuando es incuestionable la mayor presencia del Estado en la regulación de las relaciones económicas, el gobierno mantiene un extendido sistema de subsidios y crece el gasto público a niveles sin precedentes, en la Argentina “conviven la inclusión con la desigualdad”, asegura el especialista Gabriel Kessler.
Autor de Controversias sobre la desigualdad, Kessler propone un punto de equilibrio sobre la cuestión ganancias. “Cuando uno mira los números limitados de los que pagan el impuesto, sí tiene un impacto distributivo. No toda reivindicación por una disminución del mínimo no imponible es una demanda por una mayor igualdad. Lo que pasa es que hoy una persona evalúa cómo le parece que un gobierno está gastando y si la tributación es justa o no. Ve que aumentó la presión tributaria, los bienes públicos son considerados de baja calidad y reclama que tiene que pagar con su salario el acceso a bienes privados. No advierte una serie de subsidios a consumos a los que acceden sectores medios y que hay políticas más visibles de transferencias condicionadas a sectores populares. Son los descontentos del modelo”.
Un contexto económico desfavorable, propio del agotamiento de un ciclo que no encontró su vía de consolidación y desarrollo, impacta en el corazón de la propuesta redistributiva kirchnerista. Y manda un solo lado de la perinola: todos ponen.
EL CRONISTA