30 Jun “Pretender regular la protesta social con una única fórmula es inútil”
Por Lucía Alvarez
De diciembre a esta parte, el país vivió saqueos, autoacuartelamientos policiales, cortes de calles por cortes de luz, un extendido paro docente, una huelga general convocada por la CGT y la CTA disidentes, manifestaciones varias. Todos esos sucesos pusieron de manifiesto la persistencia de una cultura política ligada a la movilización social, pero también abrieron un debate sobre la ausencia de instituciones capaces de canalizar las demandas ciudadanas.
En respuesta a esos sucesos, un grupo de diputados del Frente Para la Victoria presentó un proyecto de ley para regular la protesta, que fue resistido por distintos sectores, incluida una parte del oficialismo. El abogado y sociólogo Roberto Gargarella, especialista en la temática, conversó con Tiempo Argentino sobre la viabilidad de una regulación, los avances y retrocesos en términos normativos y en el Poder Judicial, y sobre cuánto de esas manifestaciones se relacionan con una crisis de representación política, que supera al debate kirchnerismo-antikirchnerismo.
–¿Qué cambios hubo en relación a la protesta en los últimos años?
–De 2001 a esta parte, hubo cambios en el Derecho en relación con la protesta. Cambios modestos, pero importantes si se tiene en cuenta la gravedad de lo que ocurría antes, cuando los jueces, de modo irresponsable, apelaban a las respuestas más duras del sistema penal y utilizaban fórmulas como la de sedición. Frente a esa barbarie, hubo una reacción política, teórica, doctrinaria, y de la opinión pública, y mi percepción es que la cuestión mejoró. Hay una mayor prudencia en la justicia. Todavía se encuentran salidas hostiles, pero hay también respuestas más protectivas. Sin embargo, aunque las prefiera, a veces esas respuestas no son necesariamente buenas. Por ejemplo, muchos impulsamos la necesidad de tomar en cuenta valores y derechos constitucionales como el de la libertad de expresión, pero se ha hecho de eso un uso irresponsable para decir que lo ampara todo. El argumento debe ser más sofisticado.
–¿En qué sentido?
–En la gran mayoría de las protestas, lo que está en juego son derechos de tipo social, que también están garantizados por la Constitución. El sobreénfasis en la idea de libertad de expresión termina ocultando que la gente no protesta por el derecho a protestar sino por otros derechos, como el derecho a comer.
–¿El Poder Judicial aspira a dar respuesta a esas otras demandas?
–Hay un entendimiento en la idea de garantismo que tiene como sinónimo la no interrupción, el levantar las manos de parte del Estado. Pero en este, como en otros temas, el garantismo implica tomar en serio los derechos, y eso significa de parte del poder público y de los jueces la realización de acciones, no la defensa de la inacción. Todos los conflictos, y sobre todo aquellos en los que están en cuestión los compromisos básicos del Estado, requieren que los organismos públicos tomen decisiones. A veces esto implica llamar a las partes y sentarlas; otras, dar una orden al poder político para que haga algo. Pero la idea de asimilar acción estatal con castigo tiene que ver con una visión primitiva del Derecho Penal, y resulta dominante aún en gran parte del progresismo penal argentino. Estado = violencia. Los jueces también tienen que asumir la responsabilidad en el reaseguro del Derecho. Pero ha dominado el paradigma de intervención judicial como una llave que castiga o libera.
–¿Qué rol jugó la Corte Suprema en el cambio de paradigma que mencionaba?
–El rol general de la Corte ha sido benéfico: dio racionalidad a la decisión judicial. Sin embargo, considerando los integrantes que ha tenido, es llamativo que en ciertas materias, y claramente una es la protesta, no haya habido un cambio mucho más radical. Se contaba con un marco para obtener, en este campo, decisiones claves a futuro. Eso ha faltado. Ante la protesta, la Corte ha sido prudente o silenciosa y no ha querido intervenir fijando criterios claros.
–¿Por qué señala que los jueces penales tienden a hacer una lectura parcial de la Constitución?
–Porque leen el Derecho con los lentes de su propia disciplina, como si no hubiera requerimientos constitucionales que dieran forma y limitaran al Derecho Penal. Como tienen a mano una doctrina bastante robusta, navegan esas aguas como si el Derecho se agotase en lo penal. Y así tenemos, a través de ellos, una sociedad mucho más represiva, porque el lenguaje penal es el de la violencia, la cárcel o la no cárcel. Y el conflicto social no puede pensarse en esa visión esquemática y torpe.
–¿Y la Constitución es una garantía de protección a la protesta?
–La Constitución argentina, como la mayoría de las latinoamericanas, está hecha con retazos de distintas épocas: del pacto liberal-conservador del siglo XIX, de cierto constitucionalismo social autoritario de los años ’20, ’30 y ’40, y de la preocupación más multicultural de los ’80. Hay aspiraciones mezcladas y a veces contradictorias. Creo que esos impulsos merecen ser reordenados, a partir de una teoría más consistente que le dé un sentido unificado y explote sus costados más igualitarios.
–En términos del marco normativo, ¿hubo cambios favorables?
–El número de muertes en protestas sociales de este período muestra que, más allá de la retórica de la no represión, el tema es más complicado. Era importante que el poder público dijera que no se debe reprimir la protesta social. Ahora, en los hechos, la represión se ha dado, de modo más invisible, y en ciertas provincias se viven situaciones cercanas a un Estado policial. En un momento hubo una iniciativa para poner reglas a todo el territorio a través de protocolos especiales, pero esas directivas no se aplicaron en todo el país. Igual, no creo que sea un problema de centralismo. Además, varias normas penales que dictó el kirchnerismo endurecieron el panorama ya preocupante que había abierto el menemismo, a diferencia del alfonsinismo, que fue más parsimonioso. El kirchnerismo no pudo resistir las presiones de Juan Carlos Blumberg y el Derecho Penal cambió hasta tomar su actual rostro monstruoso, por impulso de leyes aprobadas por el oficialismo. No hubo un matiz de moderación: se hizo lo peor que podía hacerse en materia penal, y por ello hoy se justifica discutir una reforma del Código.
–¿Qué opina del proyecto para regular la protesta?
–Hubo una reacción inmediata aún dentro del oficialismo, que es saludable y muestra que hay cierta preocupación por cuidar un elemento que no está en contra de la democracia sino que es vital para su desarrollo. Eso es tan cierto como que quienes promovieron el proyecto no son marginales dentro del gobierno. Sobre la regulación de la protesta, las doctrinas que promuevo hablan de la necesidad de resguardar la crítica social, aún cuando se haga de forma disruptiva, porque eso fortalece la democracia. Es necesario entender que en la protesta se juega algo importante a custodiar, que el uso de la fuerza es especialmente nocivo y que el Estado debe asumir su responsabilidad frente a estas situaciones. Crear una fórmula para aplicar en todos los casos es encorsetar una realidad que se va a escapar por todos los costados. Es injusto, indebido, innecesario, y finalmente, inútil. El enfoque debe ser el contrario: entender la importancia de cuidar la protesta y ver cómo hacer en cada caso.
–¿Se puede establecer un criterio de legitimidad?
–Debe haber un principio: reconocer que en una sociedad injusta, hay y va a haber razones para la queja, y que frente a ella, primero hay que preguntarse qué tiene de relevante. Y luego, qué se puede hacer. Estamos en un ordenamiento jurídico que asumió una serie de compromisos internacionales respecto de derechos sociales extensísimos. Hoy, la Constitución está siendo incumplida en sus elementos más básicos. Es más sano y productivo pensar en criterios generales de resolución de conflictos y ver cómo los jueces pueden ayudar en eso a los poderes políticos, pero hay que renunciar a la idea de montar una burocracia sobre la protesta.
–¿Hay forma de institucionalizar la protesta sin burocratizarla?
–Cuando la situación de base es la desigualdad, dejar que el conflicto se resuelva solo no hace más que dejar que el más poderoso se imponga bajo extorsión. En ese sentido, institucionalizar es recuperar el aspecto igualitario que sólo el Estado está en condiciones de asegurar. Cuando uno pide institucionalización, no quiere burocratización, sino impedir que ese conflicto se resuelva con la lógica de la desigualdad. El punto de partida para defender la protesta es una concepción de la democracia que necesita de los enojos y de las voces que no se escuchan en el foro público. Obviamente, si institucionalizar tiene que ver con el control, es un desastre. En ese sentido, hay una institucionalización necesaria y una repudiable.
–¿Hay más o menos rechazo social a las protestas?
–No diría que la Argentina tiene una inclinación antisocial, o antiprotesta. La sociedad a veces es partícipe, a veces defensora, a veces es crítica. Se suele argumentar en su contra que son políticas , y desde ya que lo son en un sentido muy fuerte: se disputa la organización de nuestra vida futura.
–Las protestas actuales, ¿muestran una crisis de representación?
–Sin duda. Pero la distancia entre representantes y ciudadanos no es solo argentina, y trasciende al kirchnerismo-antikirchnerismo. El sistema representativo se ha degenerado porque nació en otro tiempo, cuando esa brecha con los representados era tolerable. Pero hoy las ideas democráticas se han expandido y es más difícil aceptar esa distancia.
TIEMPO ARGENTINO