01 May Día del Trabajador: Registrar para dignificar
Por Alberto Pepe Robles
El trabajo dignifica”, dice el dicho. Eso no es del todo cierto. El trabajo dignifica sólo si es trabajo digno. El trabajo indigno no dignifica; degrada e indigna. No es casual que los que ofrecen empleos indignos, se quejen de la Asignación Universal por Hijo o de los planes sociales para las personas más vulnerables. Cuando una persona no tiene nada, acepta cualquier cosa, porque si no, él o ella y sus hijos se mueren de hambre. Los que los explotan les dicen “vagos” y hacen campaña para terminar con los planes sociales. Pero poder rechazar un trabajo indigno no es vagancia, es una conquista y es dignidad.
Por eso la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de pegar un salto en los próximos dos años, en la lucha contra el trabajo no registrado, no puede merecer otra cosa que apoyo activo por parte de todos aquellos que estén genuinamente a favor de la cultura del trabajo.
El Proyecto de Ley para la Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral es uno de los desafíos sociales más importantes de los últimos 40 años. Precisamente a partir de los años ’70, en Argentina y en el resto del mundo, se fue instalando el neoliberalismo con la flexibilización laboral y la tercerización, haciendo que más y más personas trabajaran en condiciones precarias, sin cobertura de salud, sin aportes previsionales, sin derecho a sindicalizarse, sin paritarias ni convenios colectivos, sin vacaciones, aguinaldo ni derecho a una indemnización por despido. De este modo, mientras que en los años ’70, tres de cada cuatro personas tenían un empleo registrado con derechos laborales, al comenzar el siglo XXI, sólo la mitad de las personas tenían un empleo digno.
Esto pasó en todo el mundo, de la mano del modelo neoliberal, la globalización y la irresponsabilidad empresarial. El aumento del empleo no registrado trajo también un aumento del trabajo esclavo como no se veía desde el siglo XIX, y en el caso de las mujeres, un aumento del abuso sexual en el trabajo, la cara silenciada del trabajo femenino en condiciones “flexibles”.
Uno de los logros más importantes de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a mi juicio el más importante, es haber logrado reducir fuertemente el trabajo no registrado. Del 50% en 2003 al 34% en 2014. Un logro impresionante, sobre todo si se tiene en cuenta que entre 1976 y 2002, el trabajo no registrado nunca había dejado de subir y ningún gobierno pudo impedirlo. Peor aún, en el año 2000 el gobierno de La Alianza llegó a sobornar a gran cantidad de senadores para que votaran la Ley de Flexibilización Laboral elaborada por el Fondo Monetario Internacional, conocida como Ley Banelco, que permitió despedir a un millón de trabajadores y “negrear” a otros dos millones. Un verdadero genocidio social y uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia argentina, aunque la Justicia diga que no existió.
Ahora, la Presidenta se ha comprometido personalmente a movilizar al Estado, con apoyo de los actores sociales y las provincias que decidan acompañar, para incluir en dos años a 650.000 trabajadores y trabajadoras entre quienes tienen un empleo registrado. Ello permitiría bajar el empleo no registrado al 25%. Prácticamente lo mismo que en la década del ’70.
La decisión de la presidenta de la Nación es aún más valiosa si se tiene en cuenta que ha sido tomada en un momento en el que la economía argentina y mundial muestran dificultades importantes. En cualquier otra época a esta altura los despidos se hubieran multiplicado y la desocupación habría alcanzado los dos dígitos. Resulta extraño oír hablar de los dos dígitos de la tasa de inflación, y que se calle sistemáticamente la estabilidad de la tasa de desempleo en Argentina que se mantiene en un dígito solitario desde hace una década. La inflación complica, es cierto, pero el desempleo mata.
Desde que el kirchnerismo llegó al gobierno en 2003, declaró públicamente que el modelo económico pondría al empleo en el centro y estaría orientado a la inclusión. Este modelo centrado en el empleo no sólo fue adoptado en Argentina, sino en todo el Mercosur. Dice la Decisión 46/04 del Consejo Mercado Común que puso en marcha en 2004 la Estrategia del Mercosur para el Crecimiento del Empleo:
“Constituye un desafío para el Mercosur insertar el empleo de calidad en el centro de las estrategias de desarrollo, a fin de construir instrumentos de política capaces de favorecer la inclusión social”.
Este enfoque “diferente” de la economía que caracteriza al Mercosur desde comienzos del siglo XXI, debido a los gobiernos “diferentes” que fueron elegidos en nuestros países, es lo que ha hecho del Mercosur una región “diferente”, quizás la única del mundo en donde la economía es dirigida por la política y pone al trabajo y la inclusión en el centro.
Es por esta misma razón que el Mercosur debe ser la única región del mundo en la que a pesar de la crisis mundial, se fortalecen el sindicalismo y el papel de las negociaciones colectivas entre empresarios y trabajadores, en un momento en el que el Estado de Bienestar es arrasado en Europa y Estados Unidos. Resulta evidente que en nuestra región ha aparecido una nueva cultura del trabajo y la economía, que da prioridad absoluta al empleo decente, a la inclusión social y al diálogo social. Y esta nueva cultura es el resultado de una visión compartida por los gobiernos, los trabajadores y los empleadores.
El proyecto del gobierno es muy inteligente porque asume la complejidad del problema del trabajo no registrado, con sus aspectos culturales, económicos, sociales, jurídicos y morales, y porque viene siendo consultado por el Ministerio de Trabajo desde hace años con todos los actores sociales.
No se trata de un proyecto simplista del tipo “mano dura”, que busque una solución unidimensional que se limite a aumentar las penas contra los empresarios que incurran en delitos laborales, sino que aborda el problema desde múltiples ángulos, combinando apoyos estatales a microempresas en dificultades y a empresas que aumenten sus plantillas; con mecanismos de disuasión moral y económica, como el Registro de Infractores; o el cruzamiento de datos y otros mecanismos modernos de fiscalización; así como mecanismos puntuales como los convenios de corresponsabilidad gremial para el trabajo rural –que tiene una de las tasas más altas de trabajo no registrado–, y la movilización de las empresas socialmente responsables, los sindicatos y los movimientos sociales.
Resumiendo, es un proyecto que visualiza al trabajo no registrado como si fuera una enfermedad endémica, que pone en riesgo a toda la población y que precisa que toda la población se concientice de su gravedad, se comprometa y se movilice para terminar con el flagelo.
Si el proyecto se aprueba, es apoyado por las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los actores sociales, y tiene éxito, se estaría quebrando la médula del sistema de precariedad laboral implantado por el neoliberalismo. Las implicancias sociales y económicas de semejante logro son enormes. Baste decir que dramas sociales como la criminalidad, la desigualdad, la exclusión y el consumo de drogas, están íntimamente relacionados con este aumento desaforado del trabajo no registrado durante tres décadas y que tiene a los jóvenes como sus principales víctimas.
En síntesis: se trata de un verdadero proyecto de unidad nacional, con un objetivo histórico: alcanzar un piso masivo de dignidad en el trabajo.
SUR