13 Apr Paradojas de la legalización de la droga
Por Roberto Durrieu Figueroa
Para evitar confusiones, resulta prudente distinguir, ante todo, entre “legalización” y “despenalización” de la droga; términos que se suelen utilizar en forma indistinta, como sinónimos, cuando no necesariamente lo son. La estrategia “legalizadora” (aprobada recientemente por el Congreso uruguayo) implica la regularización por parte del Estado de la compra, venta y consumo de ciertas drogas. Se permite, por ende, la venta controlada en farmacias o “clubes de membresía” y su consumo libre en círculos íntimos como el hogar o semipúblicos como las playas o parques. Por otra parte, las políticas de “despenalización” de ciertas drogas generalmente implican la “no criminalización” del adicto, pero sancionan con penas de prisión a quienes comercialicen las sustancias prohibidas.
El mensaje esperanzador de la “legalización” del mercado de la droga viene creciendo entre líderes bien intencionados de la región, como Mujica, en Uruguay, o bien Otto Pérez Molina, en Guatemala. Con esta seductora y provocadora propuesta se aspira a reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado. ¿Cómo? Apostando a que la intervención del Estado en el negocio de la droga reduzca la magnitud y los precios del mercado clandestino, y con esto se evaporen las ganancias astronómicas de los grupos criminales.
Sin embargo, la estrategia legalista carece de pruebas empíricas suficientes y se contrapone con la esencia misma de los grupos criminales. No es cierto que la delincuencia organizada se financie principalmente del “dinero de la droga”. Según estudios de criminología de las Naciones Unidas, la criminalidad organizada se maneja con principios de orden empresario: si el negocio de la venta de pasta base, cocaína o marihuana es deficiente, ponen la estructura criminal al servicio de otros negocios más redituables, tales como el tráfico de armas, trata, robos, desarmaderos, secuestros o piratería.
Por su parte, la hipótesis de que los grupos criminales se alejarán de los mercados donde se legalice la comercialización de tal o cual droga no sólo es débil per se, sino que se contrapone con otras experiencias. En la década de los 80 se liberó la comercialización de cannabis y de opio en zonas turísticas de Portugal y Holanda, mientras las bandas crecieron al compás de la comercialización de otras sustancias no liberadas, principalmente, cocaína y heroína. Otra experiencia es la de Estados Unidos, donde se comercializaba legalmente, con fines medicinales, el alucinógeno Oxycodone a un precio estimado de 100 dólares la píldora (regulado, desde 1970, por la Controlled Substances Act); de todos modos, subsistió el mercado paralelo, donde el producto se ofrecía a 150.
A su vez, hay que decirlo, la reciente regulación del cultivo y uso de la marihuana en el país vecino puede generar oportunidades de contrabando. Habrá que estar alertas de que no prosperen las “empresas del delito” que pretendan comprar la planta de cannabis de uso psicoactivo en el mercado uruguayo para venderla, más cara, en algún país vecino (léase, el nuestro). Esto ocurrió en el estado de Virginia, que ofrecía el impuesto más bajo a la compraventa de cigarrillos, por lo que muchas bandas contrabandearon el tabaco hacia estados que ofrecían mayor tributación.
Se concluye, en síntesis, que la “legalización de las drogas” no asegura el resultado deseado: quitarle capacidad comercial y económica al crimen organizado. Entonces, ¿cómo detener el avance del narcotráfico y el crimen organizado? Los partidos políticos de Macri, Massa y De Narváez han impulsado, en forma individual o conjunta, propuestas como las de “derribo de aeronaves”, “aumento de penas para los jefes narco”, declaración de “imprscriptibilidad” del narcotráfico, o bien, la de crear una agencia nacional antidrogas. Iniciativas que se pueden seguir debatiendo. Pero quien ha dado en la tecla es el Episcopado, al impulsar los mecanismos de “reciclado/lavado del dinero narco” en el Manifiesto antidrogas que suscribieron en diciembre pasado los partidos políticos con mayor representación en el Congreso.
Hay que “seguir la ruta del dinero narco”, caiga quien caiga. Hay que acorralar financieramente a los poderes ocultos del crimen. Hay que liberar a los barrios carenciados y humildes del flagelo narco. Hay que reaccionar con valentía y decisión, antes de que sea demasiado tarde.
LA NACION