Los desafíos jurídicos que impone el universo virtual

Los desafíos jurídicos que impone el universo virtual

Si bien los pechos al viento e imitaciones del Kama Sutra difundidos sin autorización de sus dueños llenan las bocas de gran parte de la sociedad, al momento de mirar a Internet con lente jurídico, son varias decenas de frentes los que abren las nuevas tecnologías para el mundo del Derecho. Entre ellos abundan temas de: privacidad, manejo de datos personales, acosos de distintos tipos, delitos informáticos, regulación del comercio electrónico y a los que, a fuerza de contexto, se van especializando los lawyers.
“Muchos de los delitos que llegan a mi estudio son los tradicionales, pero se cometen a través de medios informáticos”, enmarca Daniel Monastersky, director de Identidad Robada. “Las víctimas son personas comunes. Por despecho, por un tema laboral, porque no trabajan más en un lugar, divulgan datos que obtienen de una manera ilegal”, señala. Monastersky se define como ‘pro denuncia’. “Recomiendo siempre denunciar. Se tiene que saber que existe una ley, que es perfectible, pero se puede investigar. Hay fiscalías y funcionarios, que saben cómo debe hacerse. Hay abogados y auxiliares de la Justicia, como la División Delitos Informáticos de la Metropolitana, la Bonaerense y la Federal, que saben cómo actuar”, dice.
Para Roberto Durrieu Figueroa, socio del Estudio Durrieu, “el nacimiento de la era informática trajo aparejada la generación de nuevas conductas disvaliosas, manifestadas a través de novedosas formas delictivas”.
En su estudio asesoran en la prevención y análisis del fenómeno de la “ciberdelincuencia”, en el contexto de la ley 26.388. “Se observa un aumento del nivel de delitos relacionados con los sistemas informáticos en la última década, representando una amenaza seria para el régimen socioeconómico de nuestro país”, dice Durrieu, y habla de “millones de dólares, en pérdidas” ocasionadas mediante la manipulación y robo de información confidencial desde bases de datos privadas.
Tendencias
“Vemos que aparecen cuestiones como el tema de cloud computing (computación en la nube) y la necesidad de adaptar las licencias existentes para que los programas puedan correr en la nube. Muchos de estos temas se mezclan con protección de datos, ya que con la computación en la nube es necesario trasladar datos fuera del país y ceder a un tercer proveedor”, señala Pablo Palazzi, socio de Allende & Brea. En materia de delitos informáticos, “los casos más frecuentes son los de empleados o ex empleados ‘infieles’, que copian software, listados de clientes, bases de datos, y se los llevan al dejar la relación”, agrega.
Por su parte, Martín Carranza Torres, titular de la firma que lleva por nombre a su apellido, destaca los temas de privacidad como uno de los mayores desafíos jurídicos que se plantean hoy. “Las redes sociales son ámbitos de interacción social en donde la regla es el exhibicionismo, sin intermediación y sin censuras”, señala este abogado cordobés y referente en la materia.
Para otro experto, como Fernando Tomeo, es necesaria una legislación aplicable a los ISP (Internet Service Providers) y a buscadores de Internet y redes sociales. “La justicia ha arrojado sentencias contradictorias en los reclamos que famosos promovieron contra Google y Yahoo! por afectación a derechos, como la reputación y la imagen personal”. El experto reclama que se necesitan soluciones rápidas, gratuitas, y aliviar el trabajo de los Tribunales, inundados de medidas cautelares que persiguen la eliminación de contenidos difamatorios en línea.
También, señala, hay que “ajustar la Ley de Propiedad Intelectual”. No es razonable mantener penas de prisión para quien descarga un contenido, como tampoco es admisible la piratería, argumenta el autor del libro Redes Sociales y Tecnologías 2.0.
Por su parte, desde la dirección de la red Elderechoinformatico.com, Guillermo Zamora resalta que Internet destruye conceptos: “Plantea desafíos desde lo legal no sólo por esta destrucción de conceptos, sino porque lo que más se requiere es un cambio de mentalidad para poder asumir los nuevos conceptos”. Zamora habla de legislación que atrasa y que desatiende los procesos. “La solución está en la modificación de los códigos procesales, porque, donde radican mayormente los problemas es en la investigación de esos delitos, no tanto en viejas formas delictivas bajo nuevas modalidades”, explica. A su vez, Raúl Farías, director del Centro de Investigación de Nuevas Tecnologías para la Administración de Justicia, apunta al rol de los usuarios. “La desidia y la falta de cuidado en la protección de la información que circula por Internet o que, por su formato, es susceptible de circular”, dice, no ayuda.
Grises
A los debates anteriores, se suma otra serie de grises jurídicos. Por ejemplo, la economía basada en negocios colaborativos (sharing economy), como lo protagoniza el sitio de alquileres online Airbnb.com, que fue prohibido en Nueva York por contrariar la normativa de alquileres.
Otro es el fenomeno de la moneda virtual Bitcoin, que los bancos centrales del mundo aún tratan de encuadrar. A nivel local, Bitlegal.net aduce: la moneda virtual es legal, en la Argentina (o, lo que es lo mismo en términos constitucionales, no está prohibida). “Las leyes y normas, que están en vigor, no pudieron haber concebido una tecnología como la de Bitcoin. Aquí existe en una especie de zona gris jurídica. Esto se debe a que Bitcoin no encaja en una definición jurídica de moneda u otro institución o instrumento financiero, lo cual dificulta establecer a qué leyes y de qué manera está sujeto”, resume Bitcoin: Manual Básico, compartido desde la Fundación Bitcoin Argentina.
EL CRONISTA