19 Nov Las 30 leyes de la democracia que hicieron historia
Por Lorena Zapata
Vamos a establecer definitivamente en la Argentina la democracia que todos los argentinos queremos, dinámica, plena de participación y movilización popular para los grandes objetivos nacionales, en el marco bien definido pero históricamente flexible de nuestra Constitución”, aseguró el ex presidente Raúl Alfonsín en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa tras la reapertura del Congreso de Nación en 1983.
La democracia cumple 30 años y el Parlamento festeja esa misma cantidad de años de trabajo legislativo de manera ininterrumpida. Durante toda esta era, el Congreso acompañó el proceso de recuperación de los derechos civiles y sociales, al tiempo que les brindó a los Ejecutivos las herramientas necesarias para palear las distintas crisis económicas, moldeando las transformaciones que sufrió el Estado a través de los años.
Aquí un dossier con las 30 leyes de la democracia:
El pasado como referencia
Al poco tiempo de asumir como presidente, Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley para derogar la ley de Autoamnistía, que los militares habían dictado sobre sí mismos. Esa fue la primera medida del Parlamento, tras la restitución de la democracia. La derogación permitió llevar a cabo el Juicio a las Juntas que dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años y a Orlando Ramón Agosti a 4 años.
Por su parte, en el marco de la recomposición de las distintas esferas de la vida social y de un clima de cambio de época, el Congreso aprobó el Pacto de San José de Costa Rica de Derechos Humanos, la Ley de Rebelión contra gobiernos de facto, la Ley de defensa de la Democracia, la Convención contra la Tortura de la ONU, y derogó la Ley de censura. Otra ley significativa sancionada fue el Tratado de Paz y Amistad con Chile, que vino a ponerle punto final al conflicto con Chile por el Canal del Beagle.
Sin embargo, luego de varios levantamientos carapintadas y en una clara concesión al “partido militar” que intentaba detener la cadena de juicios basándose en la teoría de la “Pacificación Nacional”, el Congreso dictó las “Leyes del Perdón”. La de Punto Final estableció la prescripción de las causas en las que los imputados por delitos durante la dictadura no hubieran sido llamados a declarar en el plazo de dos meses posteriores al 10 de diciembre de 1983. Mientras que la de Obediencia Debida absolvió a los militares de rango intermedio y menor, acusados de violaciones a los Derechos Humanos, por haber cumplido órdenes cómo subordinados.
¿Refundación del Estado?
En 1986, Alfonsín logró el aval del Congreso para trasladar la capital de la República de la ciudad de Buenos Aires a la de Viedma, Río Negro. Este plan era considerado uno de los pilares básicos para la fundación de la “Segunda República” y requisito necesario para recomponer el sistema político y las relaciones entre el Estado y la sociedad. Sin embargo, del “Proyecto Patagonia” -que incluía también abordar el problema demográfico, desarrollar inversiones en las provincias y reformar la Constitución-solo se concretó parcialmente durante el primer gobierno de Carlos Menem con la provincialización del Territorio Nacional de Tierra del Fuego. La creación de la nueva capital sigue esperando su materialización ya que la ley todavía está vigente porque nunca fue derogada.
La caótica situación económica -hiperinflación, desempleo y precarias condiciones laborales- llevó a que la agenda legislativa fuera copada por medidas que profundizaron una reforma estructural del Estado orientada por una lógica de mercado global como principio guía de sus políticas. Así, ya en septiembre de 87, el ex ministro de Obras Públicas y Servicios Públicos, Rodolfo Terragno, lanzó un paquete de proyectos de ley que incluían la privatización parcial de ENTeL, Aerolíneas Argentinas y la petrolera YPF, que tuvo que defender en el Senado de la Nación.
“Le pregunto al señor ministro: ‘En ese precio de mercado, ¿cuál es el valor que tiene la soberanía?…Yo le contesto que la soberanía nacional no tiene precio, no se vende, no se enajena, ni se debe poner en peligro
el justicialismo no les ha puesto, ni les pondrá (a las empresas públicas) jamás la bandera de remate porque está en juego la soberanía del Estado”, esgrimió en un discurso memorable el senador justicialista Eduardo Menem, sin quizás imaginar que sus dichos irían en contra de las políticas de su propio hermano, Carlos, tan sólo unos años más tarde. Es que esos proyectos finalmente se convirtieron en ley durante el gobierno del riojano en el marco de un proceso que se inició con la sanción de la Ley de Reforma del Estado.
La normativa propiciaba el traspaso al sector privado de la mayoría de las actividades desarrolladas por el Estado, no sólo de las productivas -por ejemplo en el sector eléctrico y gasífero-, sino también las de gestión pública en la medida en que contemplaba la concesión de los servicios de distribución y comercialización.
En abril de 1991 se dictó la Ley de Convertibilidad, con la cual se buscó reducir la inflación y estabilizar la economía al tiempo que se fijó por ley la tasa de cambio entre la moneda local y el dólar. “Es necesario encontrar un camino para poner freno a esta situación, ya que la economía argentina no puede continuar en un proceso de degradación permanente. Este proyecto cuenta con dos elementos importantes. La primera es que por primera vez se fija una limitación a la emisión monetaria. La segunda es la desindexación de la economía, lo que nos brinda la posibilidad de encarar con cierta expectativa favorable el desarrollo futuro de las actividades económicas”, aseguró en la apertura del debate de esta ley el entonces diputado demócrata progresista Rafael Martínez Raymonda.
Además, se inició un proceso de reformulación de la normativa laboral. El primer hito en este sentido fue la modificación de la Ley Nacional de Empleo, que autorizó a los empleadores a recurrir a contratos por tiempo determinado, redujo el costo de las cargas sociales a su cargo y flexibilizó los mecanismos de contratación. En tanto, se aprobó la ley que permitía la intervención de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) privadas en el control de los accidentes laborales. Por su parte, en respuesta al constante reclamo de los jubilados por la recomposición de sus haberes, se decidió la apertura al capital privado: en septiembre de 1993, el Congreso sancionó una ley que autorizó la creación del sistema privado de jubilaciones, también conocido como de las AFJP.
Legislar la crisis
Sobre fines de siglo, el ajuste llegó al Estado y se aprobó una Ley de Convertibilidad Fiscal que estableció límites al endeudamiento, condicionó el crecimiento del gasto público al crecimiento del PBI y estableció sanciones para los funcionarios que no implementaran las restricciones presupuestarias. El diputado informante de la bancada justicialista, Jorge Remes Lenicov, señaló en el recinto de sesiones que “se pretende llegar al 2003 con déficit cero” y agregó que “queremos ponerle tope a la deuda para no dejarles a nuestros hijos esa pesada carga. Lo que pretende la ley es autoobligarnos, como Estado, a mantener niveles de productividad y eficiencia, y esperamos que las provincias aprueben normas similares, teniendo en cuenta que entre ellas y las municipalidades se llevan el 50% del gasto”.
Ya con Fernando De la Rúa en el sillón de Rivadavia, se aprobó una Ley de reforma Tributaria que contempló importantes modificaciones al impuesto a las Ganancias, quitas a las jubilaciones mayores a los $ 3100, la generalización del IVA y un amplio aumento en los impuestos internos que impactaron de lleno en la clase media.
Escándalo en el Senado
En tanto, el Senado de la Nación fue escenario de uno de los mayores escándalos de corrupción de su historia democrática a raíz de un supuesto pago de sobornos a los legisladores que apoyaron la “Ley Banelco” de precarización laboral. Esto no sólo dio lugar a la renuncia del vicepresidente de la Nación y presidente de la Cámara Alta, Carlos “Chaco” Álvarez, sino que profundizó la deslegitimación del sistema político y de partidos.
El déficit fiscal y la recesión ahogaban al gobierno de la Alianza, cuando a mediados de 2001, el Congreso sancionó la Ley de Déficit Cero, y la de Intangibilidad de los depósitos. La primera dispuso que, en caso de insuficiencia de los recursos presupuestarios previstos, se reducirían proporcionalmente los créditos correspondientes a la totalidad del sector público, de modo de mantener el equilibrio entre gastos operativos y recursos presupuestarios; mientras que la segunda dictaminó que todos los depósitos bancarios ya sean en pesos, o en moneda extranjera, a plazo fijo y a la vista, eran considerados intangibles.
El default
En medio de la crisis económica y social más grave desde el retorno de la democracia, el Congreso fue testigo de la declaración de la cesación de pagos de la deuda pública: “Vamos a tomar el toro por las astas. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa”, exclamó el flamante presidente provisional Adolfo Rodríguez Saá, quien resultó ovacionado por la Asamblea Legislativa y renunció poco después. Ya con Eduardo Duhalde al frente del Poder Ejecutivo, el Parlamento derogó la Ley de Convertibilidad y aprobó la Ley de Emergencia Pública, que dotó al Poder Ejecutivo de amplias facultades para modificar las reglas de juego de la economía y devaluar el peso, norma que ha sido prorrogada año tras año hasta la actualidad.
Contramarcha
Durante la última década, si bien son recurrentes los reproches que la oposición le hace al gobierno kirchnerista de haber convertido al Congreso en una suerte de “escribanía”, lo cierto es que el Ejecutivo ha requerido repetidamente del Congreso nacional, y allí han tenido lugar desde arrolladores triunfos legislativos a rimbombantes fracasos como el “voto no positivo” a la retenciones móviles en el Senado. Entre los primeros, destaca lo que luego fue una de las banderas del kirchnerismo: los derechos humanos. Por eso, apenas unos meses después de la asunción de Néstor, se declararon nulas las denominadas “Leyes del Perdón” dictadas por Alfonsín.
Por su parte, el Ejecutivo avanzó en estos años con tres estatizaciones importantes: la de Aerolíneas Argentinas, la de las AFJP, y la del 51% de Repsol-YPF, en tres sesiones históricas en las que el oficialismo criticó duramente el proceso privatizador de la década pasada y el sistema de capitalización implementado durante el período neoliberal.
“Uno de los grandes méritos de nuestro gobierno es haber reconstituido el Estado. A los que se asustan por los controles, les digo que no es la primera empresa que estatizamos. Estamos convencidos de que la Argentina tiene un futuro próspero que engloba a todos. El año 2009 dije acá, en este recinto, que teníamos que construir una política capaz de disciplinar al poder corporativo; que la política, desde cualquier lugar, piensa por el interés general; que las corporaciones piensan en su propio interés; que para nosotros, la Argentina es la patria y no una factoría”, recitó el jefe de la bancada K Agustín Rossi en el cierre del debate de la estatización de la petrolera.
Ley de medios polémica
Sin duda alguna, la Ley de Medios Audiovisuales dictada por el Congreso Nacional es uno de los hitos de la década K. El proyecto se presentó en marzo de 2009, se debatió en 24 foros por todo el país, en audiencias públicas en el Palacio Legislativo y finalmente se sancionó en medio de ataques a las empresas de medios de comunicación que no seguían la línea de pensamiento K. El Senado la aprobó en octubre pero los artículos referidos a la “desmonopolización” del mercado estuvieran suspendidos por una acción judicial iniciada por el Grupo Clarín durante años, hasta que esta misma semana, la Corte la declaró constitucional.
Con la mira puesta en las empresas extranjeras y el mercado cambiario, el Congreso sancionó en 2011 la Ley de Tierras, la cual fija un límite del 15% para la venta de tierras rurales a extranjeros. Mientras que también reformó la reglas de juego del Mercado de Capitales permitiendo a la Comisión Nacional de Valores constituirse como único organismo de control de la oferta pública de valores, con el fin de terminar con la autorregulación de los mercados y habilitando a la entidad a intervenir empresas privadas. Otra marca de un Congreso de la Nación que espera que “nunca más” se cierren sus puertas.
EL CRONISTA