Los “justicieros” del siglo XXI, entre el heroísmo y la traición

Los “justicieros” del siglo XXI, entre el heroísmo y la traición

Por Luisa Corradini
“¡El hijo de puta?!”, lanzó enfurecido Richard Nixon al descubrir el primer artículo publicado en la prensa que denunciaba las mentiras del Estado sobre la guerra de Vietnam. Corría junio de 1971 y el insulto del presidente de Estados Unidos tenía como destinatario a un tal Daniel Ellsberg.
Desconocido por el público, ese analista que oficiaba como consultor del Pentágono había organizado la filtración de los que pasarían a la historia como los “papeles del Pentágono”: 7000 páginas clasificadas como “secreto defensa”, que revelaron los motivos de la intervención militar norteamericana en Vietnam.
Hasta ese momento favorable a esa guerra, la opinión pública norteamericana comenzó a dudar, mientras que en Washington, la “máquina de guerra” se puso en marcha con el objetivo de intimidar y hacer callar al “hombre más peligroso de Estados Unidos”, según la expresión utilizada por Henry Kissinger, entonces consejero de Seguridad Nacional del presidente.
Desde aquel momento, muchas cosas cambiaron. Pero cada vez son más numerosos los hombres como Ellsberg o las organizaciones como Transparencia Internacional que asumen el papel de “lanzadores de alertas” (whistleblowers , en inglés), en defensa del bien común, la verdad y la democracia.
Julian Assange, Edward Snowden, Bradley Manning… Los whistleblowers que revelan escándalos asumen riesgos. Y si bien están protegidos por las leyes en 60 países, en muchos sitios se enfrentan a una auténtica ambigüedad jurídica. Traidores para unos, héroes para otros, muchas veces los lanzadores de alertas no pretenden terminar con el sistema, sino mejorarlo y evitar sus desviaciones. Aunque para ello deban revelar informaciones extremadamente sensibles y confidenciales, que a veces atañen a la seguridad nacional. Y aunque, curiosamente, muchos terminan acercándose a países que nada tienen que ver con los principios que defienden.
A los 29 años, Snowden, el colaborador de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) que reveló la intrusión de esa agencia en las comunicaciones privadas, podría ser considerado el hermano de armas de Bradley Manning, el joven analista de los servicios secretos en Irak, que transmitió a WikiLeaks centenares de miles de documentos clasificados “secreto defensa”. Acusado de traición, juzgado por una corte marcial, Manning espera sentencia en una prisión norteamericana.
El capitán Paul Watson, fundador y presidente de la ONG internacional de defensa de los océanos Sea Sheperd, es perseguido por el gobierno de Costa Rica por haber denunciado las actividades de los balleneros japoneses. Defensor de la biodiversidad, como Snowdon y Assange, su activismo lo obligó a refugiarse en aguas internacionales, de las que no puede salir a riesgo de ser capturado y terminar su vida en prisión, según el grupo de parlamentarios europeos que defienden su causa.
Irène Frachon es una médica francesa que tuvo el coraje de revelar en 2007 que un medicamento utilizado para quitar el hambre, el Mediator, de los laboratorios Servier, podría haber causado la muerte de 500 personas.
En Estados Unidos, los lanzadores de alerta cuentan con una protección inscrita en las tablas de la ley desde hace un siglo y medio. Australia, Gran Bretaña y Francia también han hecho votar arsenales jurídicos para protegerlos. Sin embargo, a pesar de ese marco jurídico, revelar escándalos que afectan el aparato de seguridad del Estado es muy peligroso. Casi todos aquellos que se arriesgaron fueron sometidos a intimidaciones, enérgicos interrogatorios e incluso acoso.
“Es evidente que lo que desveló Snowden interesa a la sociedad en su conjunto”, afirmó Amnistía Internacional en un comunicado. “Los Estados que intentan impedir a alguien revelar semejantes comportamientos violan el derecho internacional”, concluyó la ONG.
“Edward Snowden es un ciudadano ordinario, como también lo son otros lanzadores de alerta como Daniel Ellsberg, Bradley Manning y Julian Assange”, afirma la diputada europea verde Sandrine Belier. “En Estados Unidos, el ex empleado de la NSA, el soldado y el fundador de WikiLeaks podrían ser condenados a la pena de muerte. Abandonarlos es enviar un terrible mensaje a los futuros whistleblowers : «Usted puede ser ejecutado y nosotros no moveremos un dedo»”, agregó.
LA NACION