12 Apr Empresas recuperadas una década después
Por María Gabriela Ensinck
“Nunca imaginamos quedarnos con la empresa. Nosotros queríamos cobrar nuestros salarios caídos”, confiesa José Silva, presidente de la cooperativa Cintoplom, fabricante de pinturas quebrada en 2002 y recuperada en 2004 por sus trabajadores. El camino hacia la autogestión fue sinuoso, pero demuestra que esta forma alternativa de conducir una empresa es viable. Tanto, que desde su reapertura al momento actual, la compañía pasó de fabricar dos productos entre 10 personas, a incorporar cinco “asociados” (entre ellos un ingeniero químico en el laboratorio de Calidad) y a producir más de 30 productos. Hoy, la fábrica autogestionada produce 100.000 litros mensuales de pintura y tiene más de 400 clientes mayoristas.
Fundada en 1962, esta pyme familiar llegó a tener 250 empleados y dos plantas productivas (la que quedó, en Ciudadela, y otra en San Luis). En su mejor momento, vendía 1,8 millón de litros mensuales de pintura y rankeaba tercera en participación del mercado. A fines de los ’80, los hijos de los fundadores comenzaron a ceder espacio a la gerencia, que se fue desprendiendo de marcas, reduciendo el plantel y endeudándose impositivamente y con los proveedores. Finalmente en 2002, en medio de la debacle económica del país, los acreedores pidieron la quiebra.
“Nos enteramos el día que encontramos la faja en el portón”, recuerda Silva. “Mientras tanto veníamos a trabajar y no nos pagaban ninguna quincena completa”. Así, de un día para el otro, los 30 trabajadores que quedaban se vieron en la calle.
“Estuvimos un rato discutiendo qué hacer. Fuimos al sindicato; de ahí, a lo de un abogado y después a casa. Pasaron dos años en los que cada uno sobrevivió como pudo. Nos veíamos una vez por mes en lo del abogado, hasta que quedamos solamente 10. A fines de 2003 un compañero se encontró con un amigo que trabajaba en La Gasconia, una metalúrgica recuperada. Y surgió la idea de reunirnos con él. Como no teníamos plata el café, nos juntamos en el patio de (la parroquia de) San Cayetano”, relata Silva.
El grupo de La Gasconia los asesoró para formar una cooperativa, el primer paso para ver al juez de la Quiebra y pedirle autorización para entrar a la planta. “La orden tardó dos meses. Instalamos carpas fuera de la empresa para esperarla. Era invierno y los vecinos nos ayudaron con comida, abrigo y apoyo. El día que el juez nos dio el permiso, encontramos un panorama desolador”, cuenta. “Era una mugre y habían saqueado todo: muebles, máquinas, ni los cables dejaron. Sólo la maquinaria más grande quedó en pie, pero habían cortado la luz por falta de pago y tardaron seis meses en reponerla. Otra cooperativa nos dio los cables a pagar”, dice el presidente de la cooperativa.
Poner en marcha la planta les llevó casi dos años. En ese proceso, la ayuda de otras empresas recuperadas más un subsidio del Ministerio de Trabajo fueron cruciales. Durante un año sólo retiramos lo mínimo para viajar y comer. Aún hoy es así. Los retiros son iguales para todos. Cuando queda un excedente lo reinvertimos”, asegura.
Hoy la cooperativa cuenta con una ley de expropiación de la fábrica y sus marcas. Su próximo objetivo es comprar la quiebra. “Moralmente, la empresa es nuestra. Nosotros la recuperamos y mantenemos”, sostiene. Todos los años la pintan y mejoran los productos. Y junto a la Asociación Proteger, refaccionan escuelas de los pueblos originarios, y apoyan a otras fábricas en recuperación. “Este es un proceso que sigue. Demostramos que es posible y queremos ayudar a otros a que también lo logren, concluye.
Trabajar sin patrón
Asociada a las consecuencias del neoliberalismo de los ’90, la recuperación de empresas tuvo su eclosión durante 2001 y 2002. Pasado el peor momento de la crisis, el fenómeno se mantiene a través de aquellas firmas autogestionadas que continúan funcionando, y de empresas recuperadas en la post convertibilidad. Hoy, a esta camada se suman nuevas empresas creadas bajo un modelo de autogestión, cuyo fin no es maximizar la ganancia, sino crear fuentes de empleo y valor para la comunidad como las cooperativas de recicladores y la firma textil Diversa que emplea a personas del colectivo LGTB (lésbico, gay, trans y bisexual).
Según el último Relevamiento de Empresas Recuperadas en la Argentina publicado por el Programa Facultad Abierta de Filosofía y Letras de la UBA, existen a octubre de 2010 unas 205 firmas recuperadas que ocupan a 9.400 trabajadores. En el anterior relevamiento de 2004, la cifra era de 161 empresas recuperadas con 6.900 trabajadores. “La tendencia sigue, aunque su perfil y sus causas han variado”, señala el sociólogo Andrés Ruggeri, coordinador de la investigación. “Antes de los ’90, las fábricas recuperadas eran casos aislados. En 2001 y 2002 empezó a difundirse la experiencia y se dió el mayor número de casos, especialmente en ramas industriales. Actualmente hay hoteles, restaurantes, medios de comunicación y otras empresas de servicios, todas pymes”, detalla.
El 15% de las empresas recuperadas surgió antes de 2001, un 61% lo hizo entre 2001 y 2004, el 11% entre 2005 y 2007, y otro 11% se recuperó del 2007 en adelante, en coincidencia con la crisis financiera internacional. Los factores que impulsan el fenómeno son, según el relevamiento de la UBA, “la falta de pago de salarios, la quiebra o su peligro inminente y el vaciamiento”.
La crisis generó que las autoridades de la sociedad, incluídos los patrones de las fábricas, fueran cuestionadas por incumplir las obligaciones salariales, efectuar maniobras fraudulentas y retirarse de la producción. Y así como en los barrios las asambleas tomaron edificios para instalar comedores y centros culturales, en las fábricas los obreros tomaron las empresas para preservar su trabajo. Sólo en una instancia posterior y en la mayoría de los casos ayudados por activistas externos, se animaron a asumir el control de la producción”, cuentan Julián Rebón e Ignacio Saavedra en el libro “Empresas Recuperadas – la autogestión de los trabajadores” (Capital Intelectual).
Del conflicto a la solución
Casi 30 años de lucha sindical le enseñaron a Enrique “Carlín” Garagiolla, presidente de la cooperativa Frigorífico IncoB, de Bahía Blanca, mucho más de lo que aprendió en la escuela primaria. Siendo adolescente, en 1982, Carlín empezó a trabajar en la faena, cuando el frigorífico era aún comandado por su fundador, Guillermo Paoloni. Por entonces, era el más grande de la zona y proveía con sus carnes a casi todo el sur del país. Luego tomaron las riendas los hijos, y comenzaron las disputas internas en la familia. La muerte de uno de los hermanos precipitó la debacle económica y en 1996 estuvo a punto de quebrar. “Lo salvamos los trabajadores, trabajando sólo por la comida”, cuenta Carlín. En 2005, tras un largo conflicto gremial por falta de pago, los trabajadores que aún quedaban concluyeron que la única forma de cobrar era que la empresa quebrara y sumarse a la fila de acreedores. “No sabíamos lo que era una empresa recuperada. Sólo habíamos visto el conflicto del (hotel) Bauen por la tele”, confiesa el dirigente.
Finalmente en 2006, el juez decretó la quiebra, por deudas con productores y con la AFIP. Mientras tanto, crearon una cooperativa, empezaron a hacer tortas fritas y empanadas para recaudar fondos y salieron a tocar puertas. “Nos reunimos con (Sergio) Maza luego de 14 horas de espera en la puerta del Anses, y con el ex presidente Néstor Kirchner, para que Senasa nos habilitara y el ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) nos diera la matrícula”.
A fines de 2007, el frigorífico se puso nuevamente en marcha, gestionado por sus trabajadores.
Modelo de gestión alternativo
La forma casi excluyente de organización de las empresas recuperadas es la cooperativa (95%), aunque hubo algunos intentos (Zanón, textil Bruckman) de estatización con control obrero. El cooperativismo permite asumir el control de la planta sin afrontar las deudas contraidas por los antiguos dueños; algunas reducciones impositivas y obtener la expropiación por parte del Estado. Sin embargo, la Ley 20337/73 que regula a las cooperativas conlleva algunas desventajas para los trabajadores, que pasan a ser “socios” monotributistas y pierden los derechos de la relación de dependencia: antigüedad, asignaciones familiares y quedan excluidos del sistema de Riesgos del Trabajo (ART), debiendo abonar sus propios seguros.
En cuanto al perfil de los trabajadores de las empresas recuperadas, ambas investigaciones (la de Rebón y Saavedra, y la de Ruggeri y equipo) coinciden en que su promedio de edad es mayor a la media y se trata en general de puestos operativos, ya que las posiciones administrativas y de gerencia son abandonadas durante el conflicto que precede a la recuperación.
Esto implica una desventaja inicial por el desconocimiento de las funciones de gestión y administración, pero a la larga las firmas contratan profesionales externos o a antiguos compañeros que cumplían esas funciones. Contra la imagen generalizada de que las empresas recuperadas subsisten con una infraestructura obsoleta y gracias a la ayuda del Estado, “el 59% declaró haber incorporado y mejorado su infraestructura productiva y el 60% realizó estas inversiones con fondos propios; otro 20% lo hizo combinando fondos propios y subsidios, y el 10% solo con subsidios”, dice el relevamiento de la UBA.
Así como existe un alto nivel de inversión propia, también es altamente frecuente el trabajo “a façon”, en el que los insumos son provistos y el trabajo se realiza para una firma externa. Esta modalidad genera baja rentabilidad y alta dependencia del cliente que se transforma en una suerte de “patrón externo”.
La fuerza de la unión
La saga de la recuperación de la Textil Pigüé (ex Gatic), en sur de la provincia de Buenos Aires, no estuvo exenta de dramatismo, cuando en 2004 la policía desalojó a la fuerza la planta ocupada y produciendo. La compañía fundada por Eduardo Bakchellián en 1953 llegó a emplear a más de 8.000 personas y tener 19 plantas de producción. “Ya en el ’95 estaba en problemas”, cuenta Francisco Martínez, presidente de la cooperativa Textiles Pigüé. Martínez ingresó en 1996 en el sector de Tintorería. En 2001 fue cesanteado junto a otras 500 personas y se reincorporó en 2003, 11 meses antes de la quiebra. Hasta entonces, nunca había cobrado una quincena completa. Bakchellián intentó alquilarle la empresa al grupo empresario de (Guillermo) Gotelli, pero los trabajadores se opusieron, porque no les sería reconocida su antigüedad. En asamblea decidieron conformar una cooperativa, al amparo del artículo 190 de la Ley de Quiebras.
“En diciembre ocupamos la planta y la pusimos a producir. Teníamos insumos para empezar, pero había que convencer a clientes y proveedores de que volvieran a confiar, dice martinez. Finalmente, con el apoyo de los vecinos, consiguieron una ley provincial de expropiación, y su plan es pagar el monto expropiatorio para recomprar la empresa.
Hoy la fábrica ocupa a 110 personas y produce a un 40% de su capacidad. “Tenemos más máquinas que antes y queremos incorporar personal. No accedemos a créditos pero hemos recibido algunos subsidios”, detalla Martínez.
“Pudimos crecer en base al esfuerzo y una gestión transparente. En 2007, por no tener espalda financiera ni capital, tuvimos que bajarnos nuestros sueldos para poder seguir produciendo y cumpliendo con los pedidos. Fue una decisión colectiva, acá no hay un dueño que decide y otros que pagan las consecuencias.
Todos conocemos los números de la empresa y tiramos para adelante. Confiamos en que vamos a progresar -afirma Martínez-, y queremos que nuestros hijos y nietos trabajen en nuestra empresa”.
EL CRONISTA