25 Nov Casino flotante: frenó un fallo el cobro de ingresos brutos
El empresario Cristóbal López
Por Laura Rocha
El conflicto entre el gobierno porteño y el casino flotante de Puerto Madero sumó un nuevo capítulo: una medida cautelar frenó el proceso de cobro del impuesto de ingresos brutos (IB) a esa casa de juego por parte de la jurisdicción local.
El mecanismo para conseguir el cobro del impuesto, que en rigor iba a comenzar como una retención bancaria al contribuyente el mes próximo, se activó después de que a mediados del mes pasado la Corte Suprema de Justicia declarara “abstracta” una causa judicial iniciada por el capitán del barco, al sostener que un convenio firmado por Lotería Nacional y la Ciudad zanjaba esa disputa.
Aunque aún no está calculado el monto que el casino debería pagar al fisco porteño, el gobierno local estima que se trata de una suma varias veces millonarias.
Sin embargo, ahora es el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, conducido por Pablo Cayssials, el que hizo lugar a una medida cautelar presentada por Casino de Buenos Aires SA, en la que ordena al gobierno porteño “abstenerse de dictar cualquier acto administrativo o adoptar cualquier conducta que implique ejercer una pretensión de cobro del impuesto a los ingresos brutos sobre las actividades que desarrolla la actora en los buques Estrella de la Fortuna y Princess”.
Según el fallo, al que tuvo acceso La Nacion, el magistrado entiende que la causa declarada abstracta por la Corte no determina la cuestión de fondo: la jurisdicción del casino flotante.
Los argumentos de Casino de Buenos Aires SA indican que el convenio citado por el máximo tribunal “no ha importado reconocimiento alguno por parte de Lotería Nacional respecto de que el casino flotante se encuentre dentro de la jurisdicción local, ni tampoco en cuanto a que la ciudad de Buenos Aires tenga facultades tributarias sobre la explotación”, al tiempo que agrega en su presentación que “las pretensiones fiscales de la ciudad importarían un caso de doble imposición”, ya que, a su entender, se superpondrían con el impuesto a las ganancias, de índole nacional.
El procurador general porteño, Ramiro Monner Sanz, indicó a La Nacion que aún no había recibido el fallo. Sin embargo, adelantó que la ciudad apelará la medida.
El gobierno local, por intermedio de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), comenzó a instrumentar el proceso para cobrar el impuesto de IB al casino desde su instalación en la Dársena Sur del puerto, en 1999.
Inmediatamente después del fallo de la Corte, que culminó con una causa que llevaba 12 años en distintos juzgados, se libraron los oficios a la casa de juegos, propiedad del empresario kirchnerista Cristóbal López.
Intimados
Después de esperar los cinco días hábiles que se impusieron como plazo para la respuesta, los sabuesos porteños fueron a las instalaciones en dos ocasiones para poder inspeccionar los libros contables y establecer así el monto del impuesto adeudado. Ante la negativa por parte del casino, la AGIP se aprestaba a empezar a realizar una retención bancaria, desde el mes próximo, a la empresa que administra el casino.
En diciembre de 2008 se estableció el ocho por ciento anual como impuesto a los juegos de azar, después de que fracasara un acuerdo entre Macri y la Lotería Nacional, por el que se pretendían ampliar las ganancias porteñas, según el convenio que había sido suscripto en 2003.
El monto variará según la cantidad de años que se tomen como retroactividad.
El convenio, por su parte, establece un “régimen de distribución de utilidades que produzcan los juegos que explota y comercializa la Lotería Nacional en la ciudad”, y Lotería es la que mantiene la fiscalización del juego. Este acuerdo, que establece que el 65% de las ganancias tienen como destino el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que el otro 35% va para el Instituto del Juego, debe renovarse cada cuatro años y está vigente.
Por ese concepto han ingresado en las arcas porteñas desde 2005 1146 millones de pesos. Para el año próximo, está previsto cobrar más de 307 millones de pesos.