Inmigración y política económica

Inmigración y política económica

Por Marcelo Ramón Lascano
Por supuesto, el fenómeno de las migraciones excede los ámbitos de preocupación de la política económica. Las corrientes inmigratorias proyectan sus efectos en varias áreas donde se desarrolla la vida social y en ocasiones pueden generar conflictos en escala que deberían desvelar a las dirigencias políticas. En el caso argentino ello es aleccionador, pues la salud pública, la seguridad, la educación, los servicios públicos, la asignación de recursos, las relaciones internacionales y hasta la identidad nacional pueden estar comprometidos.
En varias ocasiones hemos llamado la atención sobre el tema sin que los resultados y las advertencias formuladas hayan encontrado eco, con el agravante de que el problema nos afecta por las mismas o parecidas razones que conmueven al mundo y desestabilizan relaciones, contractuales o no, entre las naciones. Quizá la actitud de Dinamarca de suspender unilateralmente la vigencia del Tratado de Schengen (1985) en la misma atmósfera en que Francia e Italia abogan por enérgicas reformas, sin acuerdo con Alemania, aloja problemas no menores en la Comunidad Europea. La automática legitimación que supone el ingreso lícito por uno de los 25 países signatarios para circular libremente en los demás, ha encendido duras controversias en las especiales circunstancias actuales. Se aduce que la liberalidad permite la filtración creciente y el desplazamiento de inmigrantes inaceptables que magnifican otros desequilibrios.
En nuestro caso las consecuencias del desorden son ostensibles en territorios de la vivienda, la salud, la educación, el paisaje urbano, la seguridad y el empleo, entre otras cosas que, si atraen atención, parecen indiferentes en cuanto a su resolución concreta. Esta debería comenzar por una eficiente política de fronteras en los 234 cruces que controla Migraciones. Repetimos lo afirmado en varias ocasiones. No se trata de demonizar a quienes aspiran a radicarse en el país. Eso sí, se debería condicionar el ingreso en obsequio de nuestros intereses con independencia de proclamas respetables pero inconducentes desde el interés nacional. El hacinamiento habitacional, la congestión en hospitales, escuelas, universidades, lugares de recreo, medios de transporte denuncian que algo no funciona en nuestra experiencia. Para evitar suspicacias, recuerdo que he recomendado desde estas mismas páginas la adaptación de las normas que rigen en la Unión Europea, a saber: certificación de buena conducta, estado de salud, calificación laboral. Todo ello en un contexto de reales posibilidades de empleo en el país.
Pero no sólo la atmósfera mundial y las dificultades en la región ameritan ocuparse de esta cuestión para evitar su magnificación. La Argentina no debería convertirse en refugio frente a las restricciones existentes en el planeta. No es una cuestión de principios, sino de afirmar una convivencia civilizada que no puede sino identificarse con armonías que hacen a la vivienda, la educación, la salud, el empleo y la seguridad que anima la concordia social, base del desarrollo y el entendimiento social que lo sustenta.
Por ejemplo, según Migraciones entre 2006 y 2010 más de 550.000 ciudadanos del Mercosur iniciaron el proceso de radicación en el país. El 84% optó por la superpoblada región metropolitana y un número significativo por la ciudad de Buenos Aires. Para ser gráficos, vale la pena recordar que el 51% de los habitantes de las Villas de Retiro son extranjeros. Luego, según Censo del Gobierno de la Ciudad, el 70% de los denominados tickets sociales y casi la mitad de Plan Ciudadanía también son percibidos por extranjeros. Es cierto que el monto es pequeño pero delata la postergación de otras erogaciones y ratifica desordenes que deberían conmovernos, entre otros la congestión en los servicios públicos y razones de seguridad. Con motivo de los sucesos de Villa Lugano registrados el año pasado, The New York Times, del pasado 27 de diciembre, reconoció que la escasez de viviendas y el boom inmigratorio no fueron ajenos a las ocupaciones ilegales que registró entonces la crónica universal.
La ley 25.871 reglamentada a mediados de 2010 contempla el tema y prevé sanciones en caso de transgresiones a sus disposiciones. El enfoque es correcto. El problema radica en que sin adecuados criterios de admisión y sin restricciones al ingreso ilegal, el problema que dejamos planteado no se resuelve, habida cuenta que la sociedad y la economía no resisten las embestidas de seres humanos que buscan otros horizontes, en la mayoría de los casos escapando de condiciones de vida ruinosas y expectativas personales frustrantes. Sería un error considerar estas reflexiones en contextos xenofóbicos. Simplemente se busca ajustar la política a los desafíos que opone la realidad internacional en salvaguarda de los intereses y tradiciones argentinas, lo cual es otra cosa.
Más gente sin empleo, además, sirve de presión en los ámbitos laborales extendiendo la marginalidad. Luego, con escasa elasticidad de oferta en mercados de demanda rígida, no será difícil pronosticar inflación y agregar dificultades previsibles.
EL CRONISTA