30 Aug Las falencias para asistir a los adictos
Por Ramiro Sagasti y Valeria Musse
“Al más excluido todavía no llegamos.” Lo reconoció la subsecretaria de Adicciones de la provincia de Buenos Aires, Gabriela Torres. Está claro que el consumo de drogas afecta a todos los estratos sociales, pero también es evidente que provoca mayores daños en los sectores más vulnerables. En los barrios marginales de la Capital Federal y el conurbano bonaerense, a los narcotraficantes les resulta muy fácil instalarse, y a los adictos, muy difícil pedir ayuda para dejar las drogas.
Según un informe que la consultora Equis, de Artemio López, hizo en mayo pasado, en el país hay 973.739 jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan ni buscan empleo; ese número representa el 13,8% del total de la población de esa edad del país. El porcentaje es similar en la provincia, donde hay 364.784 jóvenes en la misma situación de vulnerabilidad social. Son las personas a las que el Estado no llega.
Dijo Torres: “La mayoría de los que se acercan a nosotros, el 65,1%, tiene redes sociales de contención que pueden ayudar a incluir a las personas con problemas de consumo en espacios sociales y culturales que colaboren a construir un proyecto de vida saludable”. Luego, la funcionaria admitió que si bien “con la asignación universal por hijo el Estado llegó adonde antes no había llegado”, las políticas de adicciones aún no han alcanzado a los sectores sociales más excluidos, los que no tienen acceso a las mencionadas redes de contención.
La subsecretaria precisó que la mayoría de los adictos asistidos por el estado bonaerense son varones solteros, con una edad promedio de 25 años. El 54,6% tiene algún tipo de empleo y casi el 80% de los casos recibe tratamientos por consumir alcohol (un 29,4%), cocaína (un 26,5%) y marihuana (un 22,6%).
Las estadísticas de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) dicen que el 89,1% de los pacientes internados en los centros de tratamiento públicos y privados del país recibe apoyo de la familia o de amigos. Estos números fortalecen la afirmación de la funcionaria bonaerense: que el Estado no ha alcanzado a los adictos de las estructuras sociales más vulnerables.
El titular de la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento de Abuso de Drogas (Fonga), Fabián Chiosso, coincidió en que hay una gran proporción de pacientes que acuden a la rehabilitación acompañados de su entorno familiar, de amigos o compañeros de trabajo. Aunque alertó: “Eso ocurre en el ámbito de los adultos. Con los chicos y adolescentes hasta los 14 años, sobre todo los que viven en la calle, es más difícil encontrar una red social que los aliente a rehabilitarse”.
José María Rshaid, director de la ONG Casa del Sur, que tiene 15 centros de atención de adictos, afirmó: “Las patologías más graves las sufren quienes no tienen a nadie que se preocupe por ellos, y es ahí adonde hay que apuntar. Esos adictos, que suelen poner en riesgo su vida y la de los demás por el alto nivel de adicción que tienen, necesitan ser internados para un tratamiento controlado”, y agregó: “Hay que poner en tela de juicio los tratamientos ambulatorios. Es como si estuviéramos hablando de aspirinas para la cura del cáncer”.
Rshaid puso el dedo en la llaga. La nueva ley de salud mental promueve, justamente, los tratamientos ambulatorios. La subsecretaria Torres defendió. “Hay ONG regidas por lógicas conductistas que proponen los aislamientos, incluso de hasta tres años. Son las mismas lógicas que ligan al adicto con el delito. La nueva ley de salud mental se enfoca en las personas y no en las sustancias. Las internaciones deben efectuarse en momentos de crisis.”
El psiquiatra Marcos Berstein, máster en adicciones y director del Departamento de Psicopatología y Terapia Familiar del Brian Center, consideró: “La nueva ley es positiva respecto de los derechos humanos del paciente. Durante mucho tiempo, en las patologías psiquiátricas se abusó de las internaciones. Pero un paciente con una sobredosis o muy deteriorado requiere una internación. La ley contempla las internaciones, pero de manera insuficiente, no están bien regladas”.
LA NACION